El Salvador se encuentra en una encrucijada constitucional. La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, discute una reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial indefinida, la ampliación del mandato de cinco a seis años y la eliminación de la segunda vuelta electoral.
La iniciativa, presentada con dispensa de trámite, cuenta con el respaldo de 57 de los 60 diputados, lo cual asegura su aprobación sin debate. La propuesta pretende modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución.
Entre los cambios clave destaca la posibilidad de reelección sin restricciones, la sincronización de elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y el fin del requisito del 50 % más uno de los votos para ganar la presidencia. En su lugar, se establecería que bastará con mayoría simple.
Para Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, esta reforma permitirá a los ciudadanos decidir cuánto tiempo desean mantener en el poder a sus gobernantes. También justificó la medida bajo el argumento de fortalecer la seguridad jurídica y el orden electoral del país.
La iniciativa establece que el actual mandato de Nayib Bukele, que inició el 1 de junio pasado, concluiría en 2027 y no en 2029, ajustándose al nuevo calendario. Cabe recordar que Bukele accedió a un segundo mandato consecutivo tras una controvertida resolución de la Sala de lo Constitucional, designada por esta misma Asamblea en 2021.
Con ello, El Salvador se suma a una tendencia regional que reconfigura los sistemas democráticos mediante reformas constitucionales. En enero pasado, en Nicaragua, el Parlamento controlado por el oficialismo aprobó una reforma que designa como “copresidenta” a Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007. La medida también extendió el mandato presidencial a seis años y suprimió la independencia entre poderes al definir al país como un Estado revolucionario y socialista.
En ambos casos se observa un control legislativo pleno, la modificación de las normas constitucionales vigentes y una reorganización del calendario electoral, alterando la lógica del sistema democrático y el diseño institucional de cada país.
El proceso salvadoreño plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes, el papel de los mecanismos de control institucional y la permanencia en el poder bajo el discurso de legitimación popular, que cada vez más se aleja de los principios republicanos clásicos.