Petróleos Mexicanos (Pemex) implementa una nueva estrategia de seguridad física en coordinación con la Marina y su Subdirección de Salvaguarda Estratégica para frenar los asaltos en plataformas petroleras.

Desde la apertura de la zona de exclusión en 2016, se han registrado robos sistemáticos en instalaciones marinas, principalmente cableado, materiales especializados y equipos esenciales para la operación de las plataformas.

El problema escaló en 2019, cuando los incidentes dejaron de ser hurtos para convertirse en asaltos armados, con riesgos directos para los trabajadores. El más reciente ocurrió el 2 de mayo en Xanab-D.

Un oficio presentado ante la Comisión Permanente revela que Pemex ha perdido 401 millones 47 mil pesos en los últimos siete años a consecuencia de estos actos delictivos en la Sonda de Campeche.

El documento, enviado en respuesta a un punto de acuerdo promovido por el senador Agustín Dorantes, detalla que la mayoría de estos asaltos no son reportados oportunamente ni con la debida transparencia.

A pesar del exhorto legislativo, Pemex sólo reconoció el último ataque, sin entregar un informe completo sobre los 26 robos y actos de piratería identificados desde 2018 por inteligencia naval estadounidense.

La mayor pérdida económica se registró en 2018, con 142 millones 651 mil pesos; sin embargo, la tendencia fue descendente hasta alcanzar 3 millones 859 mil pesos en noviembre de 2024.

El punto de inflexión fue el asalto del 13 de febrero de 2025, cuando ocho personas ingresaron de forma ilícita a la plataforma Zaap-D, del activo Ku Maloob Zaap, sin reporte inmediato.

La violencia en altamar representa una amenaza no sólo para la producción energética nacional, sino también para la integridad del personal técnico, quienes exigen condiciones de trabajo más seguras.

El Senado exigió a la petrolera estatal reforzar la coordinación interinstitucional para blindar sus instalaciones y presentar informes periódicos, además de revisar posibles omisiones administrativas.

El problema visibiliza una crisis estructural en seguridad energética, donde Pemex ha sido incapaz de contener la escalada delictiva, mientras se pone en riesgo la soberanía operativa en el Golfo de México.

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