La política migratoria de Donald Trump, inicialmente dirigida contra delincuentes peligrosos, ahora afecta a simpatizantes que forman parte de su base electoral, incluyendo migrantes sin estatus legal y familias de estatus mixto.
https://whatsapp.com/channel/0029VaE1iV22975FVy9QXt3J
En Texas, Roland Mehrez Beainy, libanés y dueño de Trump Burger, enfrenta deportación por permanecer en Estados Unidos más allá de su visa. ICE afirmó que el estatus irregular basta para la expulsión, sin importar creencias políticas.
En Ohio, el haitiano Marc Rocher, profesor y traductor con Estatus de Protección Temporal (TPS), podría ser expulsado en 2026. Es considerado esencial por una familia que adoptó niños de Haití y trabaja en escuelas con carencia de docentes de creole.
En Florida, familias latinas que respaldaron a Trump denuncian detenciones de parientes sin antecedentes penales. Cynthia Olivera, canadiense y madre de tres hijos estadounidenses, fue arrestada durante una entrevista para su residencia permanente.
Encuestas reflejan un desencanto creciente. Un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst reveló que solo el 69% de sus votantes están “muy seguros” de su elección, frente al 74% en abril.
Otro sondeo de Yahoo News-YouGov indica que el 17% de sus votantes conoce a alguien arrepentido, el doble que entre quienes apoyan a Kamala Harris.
Analistas señalan que, además de la migración, influyen desacuerdos sobre aranceles, recortes de Medicaid, apoyo militar a Ucrania y el manejo del caso Epstein.
La administración insiste en que toda persona sin estatus legal es susceptible de deportación, desmontando la narrativa de enfocarse solo en “los más peligrosos”.
Casos como Beainy, Rocher y Olivera muestran que la mano dura no distingue entre opositores y simpatizantes, generando un costo político en comunidades que votaron mayoritariamente por Trump.
También te puede interesar: UE presiona por presencia de Ucrania en negociación