WhatsApp y Telegram son dos de las aplicaciones más usadas en el mundo. Sin embargo, varios gobiernos consideran que estas plataformas representan riesgos de seguridad y promueven alternativas estatales.
La desconfianza hacia Meta, dueña de WhatsApp, se centra en su historial sobre datos personales y colaboración con agencias de seguridad estadounidenses. Esto alimenta temores sobre la vigilancia digital.
Telegram, fundada por Pavel Dúrov y con sede en Dubái, también es cuestionada. Rusia la acusa de alojar disidencia, mientras que en Occidente se le vincula con desinformación y grupos extremistas.
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Con ese contexto, algunos países impulsan aplicaciones nacionales para evitar el espionaje. La estrategia busca reforzar la soberanía digital y controlar el flujo de información dentro de sus fronteras.
China lideró con WeChat, que combina mensajería, pagos y trámites. El sistema obliga al uso de identidad real y almacena datos localmente. Investigaciones señalan que facilita el control gubernamental.
En julio de 2024, Rusia presentó MAX, una app estatal integrada a su “Internet soberano”. Paralelamente, limitó funciones en WhatsApp y Telegram, promoviendo su propia plataforma como opción “segura”.
En India, el gobierno lanzó Sandes, obligatorio para funcionarios. El primer ministro Narendra Modi defendió la necesidad de un ecosistema digital “seguro e independiente” mediante plataformas tecnológicas nacionales.
Cuba integró toDus en su red estatal, mientras Venezuela lanzó VenApp, que además de servicios ciudadanos incluye funciones usadas con fines de control político sobre la oposición.
El trasfondo es la lucha por la comunicación digital. WhatsApp supera los 3 mil millones de usuarios globales y procesa más de 150 mil millones de mensajes diarios, cifras que generan preocupación entre ciertos gobiernos.
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