Con un total de 720 iniciativas pendientes del periodo pasado, el Congreso del Estado de Puebla iniciará las actividades correspondientes al segundo año de la LXII Legislatura, cuyo periodo ordinario de sesiones inicia este lunes 15 de septiembre y concluye el 15 de julio de 2026.
En el reporte presentado por la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, se informó que en el primer año legislativo se presentaron 828 iniciativas, de las cuales sólo fueron avaladas 108, lo que representó el 13 por ciento del total presentado.
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La distribución de las iniciativas y exhortos aprobados quedó de la siguiente manera: 20 en el primer periodo ordinario (15 de septiembre al 15 de diciembre de 2024); 31 en el segundo periodo (15 de enero al 15 de marzo de 2025) y 53 en el tercer periodo (15 de mayo al 15 de julio pasado).
Además, según el informe de la líder del Congreso estatal, durante los periodos de receso se aprobaron cuatro iniciativas más, todo esto se registró en 32 sesiones: 12 públicas ordinarias, 16 de la Comisión Permanente y tres extraordinarias.
En el primer año de gestiones, destaca la mudanza de los 41 diputados a la nueva sede legislativa en la zona de Los Fuertes, marcada con el número 2022 de la calle 32 Oriente y la avenida Ignacio Zaragoza.
Aprobaciones polémicas
De acuerdo con el informe presentado por la diputada local por Morena, García Chávez aseguró que los 41 diputados abordaron los 313 asuntos pendientes heredados de la LXI Legislatura, los cuales siguen en trámite.
Dentro de las iniciativas aprobadas destaca la reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado, el pasado 12 de junio, conocida como Ley de Ciberasedio, propuesta por el exdiputado de Morena, José Luis García Parra, actual coordinador de Gabinete del Gobierno estatal.
Esta ley generó polémica entre activistas, académicos, la CNDH, la ONU y la organización Artículo 19, por considerarla restrictiva de la libertad de expresión.
Ante el revuelo, la mayoría morenista convocó a foros ciudadanos. El pasado 10 de julio, las bancadas de Morena, PT, PVEM, Fuerza por México y Nueva Alianza avalaron modificaciones, eliminando la sanción por realizar comentarios en contra de funcionarios públicos en redes sociales.
No obstante, la norma aún deja abierta la posibilidad de sancionar opiniones, según la interpretación de un tercero. Actualmente enfrenta dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): una de la CNDH y otra del PAN, respaldada por el académico Enrique Sánchez Díaz.
Otras iniciativas aprobadas fueron las reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, conocida como Ley Casco, presentada por Laura Artemisa García Chávez.
Los cambios obligan a motociclistas a portar identificación en el casco, un chaleco reflejante y placas, para reducir delitos y accidentes.
Pese a las manifestaciones de bikers y repartidores, la mayoría de Morena y aliados aprobaron esta ley el pasado 18 de junio, que incluye regulación de vehículos eléctricos ligeros.
La norma aún no entra en vigor, pues se otorgó un plazo de 120 días para que la Secretaría de Movilidad y Transporte reparta hologramas. También se contemplan sanciones por usar celulares al conducir, no respetar señalamientos, exceder pasajeros, estacionarse en carriles exclusivos o superar la velocidad máxima de 30 km/h.