La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del TFJA, limitando la suspensión de actos jurídicos.
La propuesta busca impedir que el crimen organizado y evasores fiscales usen el juicio de amparo para evadir la justicia. No habrá suspensión en casos de lavado de dinero, obstrucción a la UIF, actividades sin permiso o deuda pública.
El documento establece que la suspensión no procederá si permite la comisión de actos ilícitos, afectando el sistema financiero, aunque se respetarán recursos para salarios, alimentos y créditos fiscales o hipotecarios para vivienda propia.
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La iniciativa reforma artículos de la Constitución, incluyendo los artículos 103 y 107, y define el concepto de Interés Legítimo en el artículo 5 de la Ley de Amparo, siguiendo criterios de la SCJN.
Propone cambios en la suspensión del acto reclamado, medida cautelar que detiene temporalmente actos de autoridad, y asegura que el juez evalúe cada caso antes de concederla.
Advierte que no se admitirán nuevas pruebas para retrasar audiencias y se podrán desechar recusaciones con fines dilatorios, evitando que el amparo obstruya la acción de la justicia.
Los jueces deberán sopesar el interés social y el orden público antes de conceder suspensión. Además, el artículo 129 establece que no habrá suspensión para actividades sin permisos, revocados o inexistentes, evitando operaciones ilegales.
Con esta iniciativa, Sheinbaum busca reforzar el cumplimiento legal y limitar el uso del amparo como herramienta de dilación, protegiendo el sistema judicial y la seguridad financiera del país.

