El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara a Antifa como “organización terrorista nacional”, un movimiento que carece de base legal, según expertos.
La Casa Blanca atribuye a este movimiento un patrón de violencia política y solicitó a agencias federales investigar y desmantelar operaciones vinculadas, aunque las leyes solo permiten sancionar entidades extranjeras.
Antifa no es un grupo estructurado, sino una etiqueta para activistas antifascistas. Jared Holt, experto en extremismo, señaló que solo una minoría participa en acciones violentas.
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Mary McCord, exjefa interina de Seguridad Nacional, indicó que la medida es más declarativa que jurídica, recordando que Trump intentó una acción similar sin éxito en 2020.
El anuncio se dio tras el funeral del activista conservador Charlie Kirk, donde Trump acusó a la izquierda de fomentar violencia, vinculando a Antifa con una supuesta amenaza interna.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió la decisión, citando un aumento de violencia atribuida a personas radicales asociadas con Antifa, a pesar de la falta de pruebas sobre incidentes recientes.
La declaración tuvo repercusión internacional. El primer ministro húngaro Viktor Orbán celebró la medida y planea replicarla, citando conflictos ocurridos en Budapest en 2023 y el caso de la italiana Ilaria Salis.
Más que un instrumento legal, la orden ejecutiva fortalece la narrativa de Trump sobre un “enemigo interno” y refuerza su estrategia política contra la izquierda en un contexto de alta polarización.