En México, el término terrorismo es un tema tabú, pues pese a que actos violentos del crimen organizado encuadran en esta figura del Código Penal Federal, el Estado evita clasificarlo como tal. Incluso, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública omite reportarlo en su registro de delitos de alto impacto, aun cuando Estados Unidos insiste en presionar para que los cárteles sean designados como terroristas.
De acuerdo con el maestro Roberto Álvarez Manzo, académico de la UNAM, en México se ha optado por “dejar de usar esa tipificación legal” para ciertos actos, debido a las implicaciones jurídicas y al riesgo de violencia que podría desatar. Mientras tanto, países como Canadá y Estados Unidos ya consideran a los cárteles como grupos terroristas, acusándolos de financiar ataques contra la población.
El argumento principal para no adoptar esa clasificación ha sido la soberanía nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una política basada en programas sociales y rechaza emprender una “guerra” frontal, lo que hace improbable que se cataloguen como terrorismo los actos de los cárteles.
Casos como el ataque con bomba en Salamanca en 2021, la explosión de un auto en Celaya en 2020 y los explosivos C4 incautados en Puebla en cateos de 2020, muestran cómo hechos inicialmente considerados terrorismo terminan judicializados como homicidios, delincuencia organizada o violaciones a la Ley de Armas.