El Gobierno Federal, a través de Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno, sugirió al Senado de la República precisar en la Ley de Amparo que sus nuevas disposiciones no tendrán efectos retroactivos. La propuesta fue presentada durante la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de la fuerte polémica desatada por la aprobación de la reforma.
Zaldívar pidió que el primer artículo transitorio de la ley deje claro que se trata de una ley procesal, y que por lo tanto no viola el Artículo 14 constitucional, el cual prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas. La aclaración busca frenar el debate sobre si la redacción actual afecta los 706 mil juicios de amparo en trámite.
En el Senado, la reforma fue aprobada con mayoría de Morena y aliados, pese al rechazo de la Oposición, que acusó que la medida “protege al poder y deja indefensa a la ciudadanía”. Legisladores como Verónica Rodríguez Hernández (PAN) y Carolina Viggiano (PRI) aseguraron que la reforma abre la puerta a abusos de la autoridad y limita el acceso de la gente a la justicia.
El dictamen aprobado también incluyó ajustes, como la ampliación del plazo para dictar sentencia de 60 a 90 días, sanciones a servidores públicos que incumplan resoluciones y la precisión de que la lesión jurídica puede ser individual o colectiva. Sin embargo, la Oposición insistió en que la modificación “debilita el Juicio de Amparo” y beneficia al gobierno.
Mientras el oficialismo defiende la reforma como una “modernización” del sistema judicial, críticos advierten que con esta medida se limita el derecho a la defensa de miles de mexicanos. La polémica seguirá en el Senado con la discusión sobre los transitorios, que podrían definir el rumbo legal de miles de casos.