Cobro de piso
El diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 292 Bis del Código Penal del Estado, que busca incrementar las penas por cobro de piso. La propuesta parece una respuesta a una práctica criminal que asfixia a comerciantes, transportistas y prestadores de servicios. Sin embargo, más allá del endurecimiento de las sanciones, la pregunta esencial es si esta medida puede realmente detener un fenómeno que se arraiga en la estructura social y económica de la entidad y el país. El cobro de piso se ha convertido en un mecanismo de control criminal que destruye economías, provoca el cierre de negocios y genera un clima de miedo. La propuesta tiene un mérito importante: reconocer explícitamente esta modalidad de extorsión. Sin embargo, el enfoque continúa siendo reactivo, ya que apuesta por castigar con más años de prisión, pero se descuida la prevención y la atención integral a quienes sufren este delito. De poco servirá endurecer las penas si la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo o desconfianza en las autoridades. Aunque el aumento de 10 a 20 años de prisión busca enviar un mensaje de severidad, el problema radica en que las leyes, por sí solas, no transforman las condiciones que permiten la expansión de este delito: la impunidad, la corrupción y la falta de protección a las víctimas. ¿Será?
Siete millones
La manifestación de ayer de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, vuelve a poner sobre la mesa la relación conflictiva entre el poder político y este movimiento social. La organización responsabilizó al Gobierno estatal de supuestamente crear “un grupo narco delincuencial con los restos de la banda de Cristian N, alias El Grillo, que se autonombra La Familia Michoacana, la cual colocó y firmó varias mantas en diferentes puntos de esta capital, ofreciendo siete millones de pesos a quien entregue la cabeza Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, se señaló en un comunicado de la agrupación, en el cual responsabilizan a la administración de Alejandro Armenta de “cualquier agresión” en contra de su asesor general. La 28 mantiene marchas constantes desde el 29 de septiembre, aunque la respuesta oficial ha sido el silencio y el distanciamiento burocrático. Aunque el gobernador ha ofrecido diálogo, es evidente que no existe intención alguna por doblarse ante las exigencias de la UPVA que, además de proteger a su líder, está interesada en mantener sus espacios de venta, aunque eso conlleve el control de inmuebles públicos. ¿Será?
Más homicidios
La semana del 6 al 12 de octubre dejó un saldo de 17 homicidios dolosos en Puebla, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Seis muertes más que la semana anterior. El caso más estremecedor ocurrió en Huejotzingo, donde un grupo armado irrumpió en un bautizo y abrió fuego contra los asistentes. Los atacantes, según testigos, buscaban a dos presuntos delincuentes. Pero lo ocurrido trasciende la anécdota: muestra cómo el crimen organizado ha rebasado los límites del miedo para instalarse en la vida cotidiana de los poblanos. Ya no hay lugares sagrados ni celebraciones seguras. La sociedad, atrapada entre la resignación y el temor, observa cómo la violencia se vuelve paisaje. Los hechos de Huejotzingo deberían encender las alarmas, no sólo por la brutalidad del ataque, sino porque revelan la pérdida de control sobre el territorio. ¿Será?