El Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla anunció que emprenderá acciones legales en contra del presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, tras ser denunciado por amenazar a uno de sus colaboradores, además de preparar una denuncia contra la exdelegada de Bienestar, Anallely López Hernández, por presuntos vínculos con un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, informó que la dirigencia blanquiazul no tolerará actos de intimidación ni posibles nexos con el crimen organizado, por lo que dará seguimiento puntual al caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Apoyamos desde el principio a nuestro compañero José Luis Galindo López, quien fue víctima de amenazas directas del alcalde Rivera Trejo. Lo acompañamos en la denuncia y ratificación ante la autoridad. Este tipo de conductas no representan al PAN ni a la sociedad que exigimos ética y transparencia en sus gobernantes”, expresó Riestra Piña.
De acuerdo con información proporcionada por el dirigente, Juan Rivera Trejo habría amenazado al colaborador el pasado 18 de agosto, situación que derivó en una denuncia formal ante la FGE. El caso se encuentra actualmente en análisis ministerial, y el partido mantiene presión para que se determine la responsabilidad penal del edil.
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Paralelamente, el PAN Puebla investiga los presuntos nexos de la exdelegada de Bienestar, Anallely López Hernández, con Nazario Ramírez, identificado como operador del CJNG y detenido el pasado 14 de octubre en Guadalajara, en un domicilio donde ambos se encontraban.
López Hernández fue designada el 14 de diciembre de 2023 como delegada de la Secretaría de Bienestar de la microrregión 8, con cabecera en el municipio de Libres, durante la administración del actual gobernador Alejandro Armenta Mier.
Pese a las acusaciones, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, defendió a la exfuncionaria, señalando que las denuncias del PAN buscan desacreditar a Morena y desviar la atención política.
Sin embargo, en el ambiente político poblano crece la tensión. Mientras el PAN exige investigaciones “a fondo” y sanciones ejemplares, en Morena se percibe un intento por minimizar los presuntos vínculos con el crimen organizado, lo que podría derivar en un nuevo enfrentamiento político en vísperas del cierre de año.
El caso Chignahuapan–Bienestar–CJNG no solo exhibe un problema de ética pública, sino que plantea una alerta sobre la infiltración del narcotráfico en estructuras municipales y estatales, un tema que se ha vuelto recurrente en el panorama político de Puebla.
Con un tono firme, Mario Riestra reiteró que el PAN no permitirá que funcionarios emanados de su partido o vinculados con otros gobiernos queden impunes ante posibles delitos, y advirtió que “la justicia no puede tener color político”.