Un civil o un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, con los reclusorios entre sus responsabilidades, los autogobiernos mandan en los penales de San Miguel, de Tehuacán, Cholula o Tepexi.
La única manera de que funcionen los autogobiernos de los presos es que les garanticen en la SSP le designen a un director del penal tan corrupto y delincuente como ellos.
Nada nuevo en el penal estatal de San Miguel en el control de los criminales en la venta de drogas, tarjetas de telefonía celular, de alcohol, el ingreso de prostitutas, el cobro de piso…
Parte de las ganancias de las bandas criminales son reportadas y compartidas con los directores de los penales y los custodios al servicio de los delincuentes.
Los negocios directos de las autoridades penitenciarias lo han sido en el penal estatal de San Miguel el narcomenudeo, la trata de personas para prostituir a mujeres presas para explotarlas con los reos hombres.
Uno de los negocios más redondo en el llamado “pueblito” o la “tienda” fue el servicio de hotel de una dos y hasta cinco estrellas diseñada, construida y administrada por un peligroso interno, junto con el director de la cárcel, durante el sexenio del finado Luis Miguel Barbosa Huerta.
El policía chiapaneco y su pandilla, Raciel López Salazar, contratado por el primer Gobierno de Morena de la Cuarta Transformación en la SSP, fue un escándalo de corrupción el “hotelito” para rentar cuartos para reos y trabajadoras sexuales.
Barbosa corrió a López Salazar, pero la gobernadora de Morena en Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, contrató al ex titular de la SSP de Puebla como fiscal general, y a su vez designó a Julio César Gómez Torres como secretario de Seguridad Ciudadana.
Pese a sus fechorías en Puebla, Raciel López -como se acostumbra en los gobiernos del Morena- no fue investigado ni le integraron carpetas de investigación por los presuntos delitos cometidos en Puebla y Chiapas.
Este sujeto, el exdirector de la SSP de Puebla, fue contratado por Barbosa a pesar del negro historial, acusado de presuntos nexos con el crimen organizado y presuntos casos de asesinatos y desapariciones forzadas en Chiapas.
Policías estatales de la SSP denunciaron los antecedentes delictivos de López Salazar y su pandilla que llegaron a ocupar las posiciones estratégicas en seguridad pública, pero Barbosa no los quiso escuchar.
Ocurrieron asesinatos, el escándalo por el cadáver del “niño Mateo” hallado en el basurero del penal, la construcción y renta cuartos de motelito de lujo, la venta de protección, drogas… tuvieron su mayor auge en la gestión del difunto.
Con la nueva administración estatal, con el cuento chino de que con los militares de Marina al frente de la SSP se acabaría la corrupción, el resultado es exactamente el mismo.
A pesar de las evidencias de corrupción, el actual director del penal goza de cabal salud.
El reciente video de una fiesta de criminales consumiendo bebidas alcohólicas y conviviendo con presuntas trabajadoras sexuales en el penal de San Miguel, deja en evidencia que la corrupción persiste en el centro penitenciario, y controlado por reos.
Militarizada la seguridad pública, el vicealmirante Francisco Sánchez designó a Jorge Ortiz Delgadillo, ex burócrata jarocho, como director del penal, para poner orden luego de la remoción de anteriores directores por presuntos actos de corrupción.