Ricardo N, presunto violentador vicario y primer sujeto vinculado a proceso por este delito en América Latina, continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, después de que en una audiencia celebrada este martes se le negó el arraigo domiciliario que había dictado la jueza Alejandra Román Pérez.
Esto después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) impugnó la decisión de la jueza para cambiar la medida cautelar.
La dependencia estatal pidió que dicha modificación fuera analizada nuevamente, motivo por el cual se solicitó la audiencia.
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Horas antes, frente a la Casa de Justicia de Puebla, acompañada de aliadas y compañeras feministas, Andrea Lezama pidió a la jueza que “se tomen decisiones con perspectiva de género y de infancias”, con la finalidad de garantizar la seguridad de ella y de su hijo.
Andrea Lezama señaló que es preocupante la situación, pues asegura que teme por las represalias que podría tomar Ricardo N., en su contra. En protestas anteriores, Andrea dio a conocer que la jueza Alejandra Román Pérez justificó a Ricardo N., puesto que no se vería obligado a usar un brazalete, ya que “no contaba con la solvencia económica suficiente para comprar uno”.
Por esto, la víctima de violencia vicaria pidió a la jueza que tome en cuenta el riesgo real que existe para su hijo y denunció que esta decisión la ha dejado nuevamente en una situación de vulnerabilidad.
“Todo el tiempo estoy pensando en todo lo que podría ocurrirnos. Pido que esta audiencia sirva para replantear una medida que nos ha dejado desprotegidos a mi hijo y a mí. Hoy nuevamente nos enfrentamos al miedo”, expresó visiblemente conmovida.
La activista recordó que, tras la determinación judicial de otorgar el arresto domiciliario a su agresor, la sensación de inseguridad aumentó, pues no cuentan con mecanismos de resguardo efectivos.
“No me consta que haya vigilancia 24/7. Nosotros ni siquiera tenemos medidas de protección, por eso esta audiencia representa una oportunidad para que se revaloren las cosas con perspectiva de género y de infancias”, añadió.
Hay que recordar que Ricardo N. fue el primer posible agresor en América Latina en llegar a proceso judicial por violencia vicaria, delito que fue tipificado en Puebla en 2022. De acuerdo con las investigaciones, el acusado utilizó a su hijo menor como medio de agresión y manipulación hacia Andrea, con el fin de ejercer control y causar daño emocional.