La posible salida ilegal de más de 14 mil millones de pesos pertenecientes a la Fundación Mary Street Jenkins volvió a colocarse en la agenda pública, luego de que el Gobierno de Puebla confirmó que desde hace medio año mantiene investigaciones abiertas paralelas a las que iniciará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, detalló en conferencia de prensa que la Consejería Jurídica inició las indagatorias a petición del gobernador Alejandro Armenta Mier, tras conocerse señalamientos de que una parte sustancial del patrimonio de la fundación habría sido transferido a paraísos fiscales, pese a que dichos recursos estaban destinados a la beneficencia pública en Puebla.
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“Queremos dejar claro que se trata de un conflicto entre integrantes de la propia fundación; sin embargo, el Gobierno del estado está dando seguimiento para que los hechos se aclaren. Cuando exista información jurídicamente posible de hacer pública, se dará a conocer sin afectar los procesos judiciales”, declaró García Parra.
Subrayó que las investigaciones estatales no sustituyen ni interfieren con las que realizará la UIF a nivel federal, sino que avanzarán de manera independiente.
La intervención de la instancia financiera fue anunciada horas antes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que en su conferencia matutina se le cuestionara sobre denuncias de presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculadas al patrimonio de la fundación.
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO
El presunto desvío de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins no es nuevo. Durante la administración del fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el Gobierno estatal promovió acciones legales para recuperar el patrimonio de la institución, entre ellos los bienes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En 2021, la intervención legal derivó en la toma del campus en San Andrés Cholula, lo que generó una disputa jurídica de alto perfil entre el Estado y la familia Jenkins.
Tras ocho meses de litigios, en febrero de 2022 los fiduciarios recuperaron el control de la UDLAP, con lo que concluyó la participación del Gobierno en esa etapa.
No obstante, en junio de 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca emitió una sentencia absolutoria a favor de cinco miembros de la familia Jenkins y dos de sus abogados, cancelando las órdenes de aprehensión y cerrando la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuesto desvío de recursos.