Gerardo Gutiérrez
En la presentación de su Índice de Estado de derecho 2025, que evalúa a 143 países y jurisdicciones, World Justice Project alerta de un fenómeno que se extiende en el mundo. Pensemos si a México le queda el saco: una “recesión” en la materia donde “un alarmante 68% de los países experimentó retroceso”.
Destaca que la disparidad entre las mejoras y las regresiones se amplía: los países que mejoraron registraron un aumento promedio de 0.52% en su puntuación; los que empeoraron, un descenso de 1.07 por ciento.
“Esta diferencia”, dicen, “pone de manifiesto que, si bien la construcción de instituciones de Estado de derecho sólidas puede ser un proceso largo y gradual, su desmantelamiento puede ocurrir con rapidez”.
Miremos a México en el espejo de la “fuerza motriz” de esa recesión: “La expansión de tendencias autoritarias –principalmente la reducción del espacio cívico y el debilitamiento de controles y equilibrios– (…) con profundas caídas en los indicadores de Limitaciones al Poder Gubernamental, Gobierno Abierto y Derechos Fundamentales”.
También tiene mucho que decirnos otro proceso que se amplifica y profundiza lo anterior: “La independencia judicial, última línea de defensa contra los abusos del Ejecutivo, se está debilitando(...) con creciente injerencia política”.
Quien no advierta esta viga en el ojo de nuestra nación será porque ha decidido no verla.
¿Cómo le fue a México en el ranking? Vuelve a caer, como año con año. Esta vez, dos escalones, ubicándose en el sitio 121 del mundo y el 28 de 32 países de la región. En una calificación de cero al uno, obtuvimos 0.40 desde 0.41 el año pasado. Cada vez más abajo de la media global y regional, 0.55 y 0.50, respectivamente, y lejísimos del 0.90 del primer lugar, Dinamarca.
Hasta ahora hemos hablado de conceptos en abstracto. Pero los impactos concretos están a la vista de cualquiera.
Cuando alguien dice que el Estado de derecho no es tan importante como la economía o que “al pueblo no le interesa”, debería pensarlo dos veces. Su declive implica menos inversiones y empleos que vidas segadas por el crimen organizado.
Tal vez el concepto sea extraño para muchos, pero nos afecta a todos y más a quienes menos tienen.
Tiene que ver con extracción de rentas y Gobierno paralelo del crimen organizado en muchas zonas del país. Está detrás del asesinato del líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, donde se ha apropiado de los ingresos de la producción de limón, o el del alcalde de Uruapan, donde ha prosperado toda una industria de la extorsión que gravita parasitariamente sobre la del aguacate.
La “recesión” que alerta WJP explica, en el fondo, que miles de familias hayan huido de sus pueblos en Chiapas ante el embate de narcotraficantes y también casos como el de Tabasco, donde presuntamente la delincuencia organizada controlaba el aparato de seguridad pública, o el deterioro de destinos turísticos, como en Tulum.
Respecto a la inversión, simplemente consideremos lo que Business Roundtable, asociación de los presidentes ejecutivos de las mayores corporaciones de Estados Unidos, reclama de cara a la revisión del TMEC, y por lo cual piden a su Gobierno la restauración del Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado: “México será el único país del mundo donde todos sus jueces serán elegidos por voto popular, lo que genera preocupación de que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de derecho”.
Aunque el Gobierno estadounidense ha incumplido el acuerdo trilateral con su escalada arancelaria, el mexicano, en el sexenio pasado, debilitó nuestra posición en distintas formas y así se dificulta mucho negociar con la contraparte.
Al final, la alternativa al Estado de derecho es la ley del más fuerte o de la jungla. Ese es el problema, para nada abstracto, sea en las relaciones internacionales o ante el desgobierno en tantas zonas del país.