Infancias trans
El Congreso de Puebla deberá legislar en favor de las infancias trans, a más de dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara la discusión del reconocimiento de la identidad de género, pues los diputados locales poblanos optaron por la parálisis antes que la acción. El máximo tribunal del país tuvo que recurrir a la sanción económica: 13 mil 576 pesos para los diputados Elías Lozada y Mauricio Céspedes -presidentes de la Mesa Directiva y la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente-, para intentar mover un aparato legislativo que, por desidia o por cálculo político, ha preferido ignorar una sentencia vinculante. Lo preocupante no es sólo el retraso, sino la carga simbólica que conlleva, ya que negar derechos a niñas, niños y adolescentes trans equivale a perpetuar su exclusión bajo el amparo de la burocracia. La Corte ya había trazado los lineamientos para la reforma, como establecer un procedimiento ágil y administrativo que permita rectificar actas de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida. No hay complejidad técnica que justifique la inacción; lo que hay es resistencia ideológica y las creencias personales por encima de los derechos de las poblaciones LGBTIQA+. En lugar de ejercer su función de garante, el Congreso poblano actúa como un muro de contención frente a los avances en materia de diversidad y niñez. Incluso, no es la primera vez que el Legislativo local persiste en el desacato a un mandato de la Suprema Corte. Si la amenaza de multa logra finalmente destrabar el proceso, no será un triunfo político, sino un recordatorio de que la justicia en Puebla muchas veces avanza a pesar de sus legisladores, no gracias a ellos. ¿Será?
Indígenas queer
En contraparte, el Gobierno estatal informó sobre la realización del Primer Encuentro LGBTIQA + de Pueblos Originarios, organizado por el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Gobernación. Más allá del acto protocolario, el evento representa un intento por tender puentes entre dos agendas históricamente marginadas: los pueblos indígenas y las disidencias sexuales y de género. En un contexto donde los discursos sobre inclusión suelen quedarse en el plano urbano o académico, la iniciativa cobra especial relevancia por su enfoque comunitario y lingüístico. La traducción del Decálogo para el buen trato hacia la población LGBTIQA+ al náhuatl es una acción concreta que reconoce que los derechos humanos deben hablar también en las lenguas originarias, si se aspira a que sean verdaderamente universales. No obstante, el reto va más allá del discurso: llevar estas políticas al territorio implica enfrentar estructuras culturales, religiosas y sociales profundamente arraigadas, donde aún persisten estigmas hacia la población lésbica, gay, bisexual, transexual y queer. La diversidad, cuando se asume desde las raíces culturales, puede redefinir el sentido de comunidad en una sociedad que busca reconciliar su pasado con las demandas de justicia e identidad del presente.El gobierno de Alejandro Armenta parece apostar por este nuevo concepto de la transversalidad de la igualdad, pero la eficacia de estas políticas dependerá de su continuidad y del acompañamiento real a las comunidades. La inclusión no se decreta, se construye en el día a día, con educación, diálogo y representación efectiva. ¿Será?