En México, 15 entidades han adoptado medidas para frenar la difusión de narcocorridos o música que promueva la violencia en eventos públicos, un fenómeno que se intensificó en 2024 y que hoy marca la agenda cultural y de seguridad. Seis estados ya aplican reglamentaciones generales; siete restringen esta música en ferias o actos financiados con recursos públicos; y en tres municipios de Baja California, Chihuahua y Quintana Roo la prohibición es total. Otras tres entidades discuten iniciativas similares, lo que confirma una tendencia nacional en ascenso.
En Guerrero, el llamado fue particularmente enfático. La administración estatal exhortó a los ayuntamientos a evitar la contratación de artistas vinculados con la apología del delito. Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social, subrayó que esta medida pretende fortalecer la cultura de la legalidad y garantizar que las festividades decembrinas no se conviertan en vitrinas que glorifiquen al crimen. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz reforzó esta postura y pidió a los cabildos que las ferias públicas privilegien la cohesión social y la identidad comunitaria.
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Desde el plano municipal, voces como la del regidor acapulqueño Armando Añorve Ríos insisten en que la narrativa violenta deteriora el espacio público y desdibuja el reconocimiento a quienes sí aportan al bienestar social. Autoridades estatales y locales coinciden en que estas restricciones buscan promover una auténtica cultura de paz, reducir riesgos sociales y redefinir el vínculo entre entretenimiento, comunidad y seguridad.