La reciente sanción impuesta en España por la creación de deepfakes sexuales de menores reabrió un debate urgente sobre tecnología, protección de datos y responsabilidad juvenil. En un pequeño pueblo de Badajoz, más de veinte niñas vieron sus rostros montados en cuerpos desnudos generados con inteligencia artificial, imágenes que circularon por todo el instituto e incluso llegaron a sitios para adultos.
La Agencia de Protección de Datos impuso una multa pionera de 2 mil euros, equivalente a más de 42 mil 500 pesos, a los padres de los estudiantes involucrados, pese a que los menores ya habían recibido una sentencia penal: un año de libertad vigilada y cursos formativos. Para especialistas como Borja Adsuara, esta doble vía sancionadora podría sentar un precedente riesgoso, al abrir la puerta a un volumen elevado de denuncias por difusión de imágenes sin consentimiento. Sin embargo, otros expertos consideran la sanción necesaria y ejemplar, pues la creación de material sexual falso de menores constituye un delito que genera profunda alarma social y exige respuestas contundentes.
El caso expone una realidad creciente: la facilidad con la que adolescentes acceden a aplicaciones capaces de manipular imágenes con realismo perturbador, sin medir consecuencias legales ni éticas. Para familias, autoridades y escuelas, el reto ya no es futuro, sino inmediato: frenar la normalización de prácticas digitales que vulneran derechos, destruyen reputaciones y exponen a niñas y jóvenes a nuevas formas de violencia.