La Guardia Nacional militarizada genera más dudas que certezas respecto al cumplimiento de obligaciones contra la inseguridad pública y el cumplimiento de las leyes.
La semana pasada en Puebla, la GN fue noticia vergonzante -y humillante- porque esa corporación presuntamente fue víctima del robo de un arma cuando se encontraban en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, al nororiente de la ciudad capital.
Se trata de un territorio dominado por bandas de huachicoleros ligados a la delincuencia organizada donde se han cometido infinidad de homicidios dolosos entre grupos rivales.
Trascendió -porque la GN no ha informado- que unos “morrillos” (adolescentes) a bordo de una motocicleta sorprendieron a los militares para robarles un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
En el supuesto que haya sido sólo un arma, la respuesta de los elementos castrenses de la Guardia Nacional con operativos desmedidos para dar con los presuntos ladrones y lo robado, con la implementación de retenes anticonstitucionales para revisar vehículos.
Otra de las violaciones cometidas por los operativos de la GN fueron los cateos realizados en viviendas sin una orden judicial en la búsqueda de personas y armas.
En uno de los videos publicados en redes sociales se exhibió la incursión de militares en una vivienda sometiendo a integrantes de una familia, en su mayoría niños, a quienes apuntaron con las armas de cargo.
Se trata de incursiones en casas y detención arbitraria de vehículos, en abiertas violaciones a los derechos humanos y a las leyes locales y federales.
Por las características del presunto robo de un arma, todo parece indicar se trató de un atraco de mayor magnitud en perjuicio de las fuerzas militares de la GN encargadas de perseguir a la delincuencia.
Lo ocurrido a la GN con el presunto robo del arma, que exhibe las deficiencias e incumplimiento de los protocolos para el resguardo de las armas de cargo.
Los presuntos delincuentes que le robaron el arma a la GN, son los mismos que cometen una diversidad de delitos como la extorsión, el cobro de piso, robos carreteros y de combustible, de celulares…
Pese a esta situación que pareciera ridícula, la GN está en el foco de atención por los errores en los protocolos, y por las acusaciones contra sus elementos de corrupción y nexos con la delincuencia.
En Apaseo el Alto, un municipio del estado de Guanajuato, policías municipales detuvieron a 11 elementos de la Guardia Nacional cuando custodiaban un tractocamión que sustraía hidrocarburo de una toma clandestina en ducto de Pemex.
En el lugar estaba una camioneta y por lo menos dos vehículos oficiales, identificados con las iniciales de la Guardia Nacional.
Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, defiende la actuación de la GN al asegurar que el protocolo no falló para cuidar al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre.
La corporación militarizada no está exenta de fallas y de tener malos elementos que ha motivado a la Unidad de Asuntos Internos presentar 286 denuncias penales contra 749 integrantes por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Abundan en todo el país las denuncias contra los elementos de la División Caminos de la GN, tanto de transportistas de carga como de vehículos particulares, de prácticas de corrupción por la extorsión con amenazas de multas y arrastres en grúas en la red carretera.
No es agradable recurrir al refrán popular, pero aplica por el atraco a la GN en Santa María Xonacatepec: “Ladrón que roba a ladrón…”