Endeudamiento
La aprobación de la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable por parte del Congreso estatal marca, en teoría, un avance hacia la institucionalización de mecanismos más claros para la planeación y vigilancia del gasto público. Sin embargo, su llegada coincide con una reforma paralela que permite a los 217 municipios contratar financiamientos durante el periodo 2024–2027, una decisión que abre una puerta compleja: la del endeudamiento municipal en un contexto donde históricamente han faltado controles efectivos y capacidad técnica para administrarlo. Si bien el discurso oficial insiste en que estas herramientas fortalecerán la transparencia y la eficiencia, el riesgo es evidente. Autorizar a todos los municipios a endeudarse con cargo a fondos y participaciones federales, sin distinguir su nivel de solvencia, capacidad administrativa o historial financiero, puede traducirse en un incremento significativo de pasivos que difícilmente se verá acompañado de un fortalecimiento real de la recaudación o de la disciplina fiscal local. La legislación aprobada busca dar margen para financiar infraestructura y proyectos de desarrollo. Pero la experiencia reciente muestra que el acceso ampliado al crédito no siempre deriva en obras que transformen la vida pública; en muchos casos, termina financiando gasto corriente disfrazado o proyectos que comprometen los ingresos futuros de los ayuntamientos. El Congreso apuesta por dotar a los municipios de “herramientas legales” para mejorar su capacidad financiera. La interrogante es si estos gobiernos locales cuentan, en los hechos, con las capacidades técnicas, administrativas y de control para utilizar el endeudamiento como un instrumento responsable, y no como una salida fácil para cubrir déficits estructurales o atender presiones políticas inmediatas. ¿Será?
Tres iniciativas
En la misma sesión del Congreso, las diputadas locales pusieron sobre la mesa tres iniciativas en contra de la violencia digital, el acoso sexual y el abuso infantil. La ampliación del delito de violación a la intimidad sexual reconoce por fin que la tecnología, incluida la inteligencia artificial, se ha convertido en un arma para agredir, fabricar y difundir violencia. El problema es que el sistema de justicia sigue atrapado en la era analógica, ya que legislar es fácil pero investigar deepfakes y redes de distribución, no tanto. En segundo lugar, la reforma sobre acoso sexual corrige un absurdo histórico: que sin subordinación no había delito. Bastará una sola conducta para sancionar. Aun así, la verdadera barrera no está en el Código Penal, sino en las instituciones que suelen minimizar estas denuncias y desalentar a las víctimas. Y, por último, la capacitación obligatoria para prevenir y detectar abuso sexual infantil parece obvia, casi básica, pero si esa formación termina convertida en un curso exprés para “cumplir”, no servirá de nada. Lo que está en juego no es el cumplimiento administrativo, sino la protección de la niñez. Tres iniciativas importantes presentadas por la panista Susana Riestra, la morenista Graciela Palomares y la emecista, Fedrha Suriano, respectivamente. No obstante, la entidad poblana necesita instituciones que se comprometan a cumplir las leyes aprobadas, de lo contrario, seguiremos celebrando propuestas mientras la violencia sigue avanzando sin freno. Las reformas pueden marcar el rumbo, pero sólo la ejecución determinará si se trata de cambios de fondo o únicamente de avances en el papel. ¿Será?