Gerardo Gutiérrez
La revisión del TMEC inicia hasta julio próximo, pero arrancó de facto y unilateralmente desde la inauguración de la segunda presidencia de Donald Trump. Con las reclamaciones expuestas en el proceso de consulta en Estados Unidos, hay claridad de los puntos medulares sobre la mesa que exigirán decisiones estratégicas de nuestro país.
Desde el 1 de febrero, cuando se emitió un primer decreto de aranceles de 25% a las importaciones procedentes de México y Canadá, fue evidente que, más que ante la revisión programada, estaríamos ante una renegociación. Y no fácil: desde una posición de contención frente a una contraparte para la cual los términos del tratado no necesariamente son referencia.
La Secretaría de Economía ha manejado bien el caos arancelario que afecta a todo el planeta. Se han contenido las peores consecuencias, manteniendo a México con mejores términos respecto a prácticamente el resto del mundo. Con el nuevo liderazgo que viene en el Consejo Coordinador Empresarial seguramente habrá un “cuarto de junto” efectivo y que refleje la visión e intereses de la iniciativa privada.
Pero viene lo más difícil y decisivo: la prueba del ácido.
Eso también se tiene claro, como se desprende de la estrategia trazada por el secretario Marcelo Ebrard. Atinadamente, ha señalado una “brújula para la negociación” con tres objetivos primordiales: “La mejor posición relativa, mantener la inversión extranjera, si se puede subirla, y mantener en todo momento nuestra capacidad de exportación”.
Para todo ello, creo, hay que tener muy presente lo manifestado en los comentarios de empresas, cámaras y asociaciones entregados a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR): son reclamos y, a la vez, cartas de presión para el equipo de revisión estadounidense.
Por su relevancia y síntesis de lo que piden distintos sectores, debemos ver con lupa lo expuesto por Business Roundtable, agrupación de más de 200 CEOs de compañías que representan 25% del PIB de Estados Unidos.
En la parte positiva, postula que “los aranceles sobre bienes que cumplen con el TMEC son contraproducentes para los intereses económicos y de seguridad nacional”. Insta a “restaurar el comercio preferencial entre las partes”, con exención de tarifas salvo lo contemplado explícitamente en el tratado.
Sin embargo, solicita protección frente a “una judicatura politizada”, por las reformas judiciales, y ante los cambios en organismos regulatorios. Además, advierte de políticas discriminatorias contra empresas extranjeras en sectores como energía, telecomunicaciones, aviación y paquetería.
Sin matices, expresa “serias preocupaciones sobre acciones del Gobierno mexicano que ponen en peligro las inversiones de empresas estadounidenses, contradicen las obligaciones del TMEC y obstaculizan el comercio”.
En concreto: “que las disputas entre inversionistas privados y el Gobierno se vean sujetas a consideraciones políticas en lugar del Estado de Derecho”. Por eso están sugiriendo que se restaure el Mecanismo de Solución de Disputas Inversionista-Estado.
En energía, critican que se favorezca a Pemex y a la CFE. En telecomunicaciones, problemas de competencia. En aviación, se protege a la aerolínea estatal y se limita el transporte de carga en el Aeropuerto de la Ciudad de México, pidiendo que se restablezcan slots y el acceso a carga.
En cuanto a telecomunicaciones, acusan que “la politización ya es evidente”, y que la eliminación del IFT independiente y la creación de una súper agencia darán lugar a monopolios estatales subsidiados.
En síntesis, quieren el TMEC, pero con protecciones y garantías frente a reformas y políticas impulsadas en el sexenio pasado. El abordaje de este dilema con pragmatismo es lo fundamental.