Rosita Marimar, una mujer hondureña, víctima de explotación y trata en San Matías Tlalancaleca, Puebla, luchó por recuperar su libertad, al grado de que actualmente ya no se encuentra en México debido a los delitos que se le imputaban. En tanto, María Dolores, quien asesinó al proxeneta de ambas en defensa propia, en 2019, continúa su proceso judicial, aunque ahora en libertad.
Así lo confirmó el maestro David Peña Rodríguez, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social en México, durante la jornada educativa Tramas de Trata en Puebla-Tlaxcala, realizada en la Ibero Puebla.
Peña Rodríguez expuso la actualización más reciente sobre el caso de estas dos mujeres que actuaron en legítima defensa y que inicialmente fueron acusadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) por homicidio doloso, enfrentando incluso la petición de una sentencia de hasta 55 años de prisión.
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De acuerdo con el especialista, en 2023 —dos años después de la detención de Rosita Marimar y María Dolores— el Grupo de Acción logró modificar la medida cautelar, lo que permitió que ambas pudieran continuar su proceso fuera del reclusorio.
“Les costó reincorporarse a la vida normal después de meses en cautiverio y explotación (...). Al final, Rosita, quien no tenía arraigo en México, decidió irse a Chiapas y, pues, así quedó, literal, no la volvimos a ver. Se casó, se llevó a sus niños (...) y está bien si recuperó su libertad”, relató Peña Rodríguez.
Respecto a María Dolores, el maestro subrayó que continúa su proceso legal bajo la medida cautelar de libertad provisional.
Destacó también lo complejo que fue para el equipo jurídico lograr que las instancias de justicia permitieran un espacio de diálogo, basado en un análisis contextual y en la historia de vida de dichas mujeres, para que fueran juzgadas bajo una perspectiva de género, reconociendo que no eran culpables, pues eran explotadas sexualmente.
“Alegamos esto porque María Dolores lo que hizo fue proteger la vida de Rosita. Su propia vida no estaba en riesgo en ese instante específico, pero en el contexto de violencia que ambas vivían, la vida de las dos y la de los niños a su cargo se encontraba en peligro”, explicó.
En este sentido, Peña Rodríguez informó que, a inicios de 2025, la jueza a cargo del caso determinó reponer toda la etapa de juicio, es decir, comenzar desde cero, debido a que los tiempos y procesos previstos por la ley para el desahogo de pruebas ya habían expirado, algo que también ocurre en otros casos relacionados con violencia de género.
Actualmente, el equipo jurídico de María Dolores está a la espera de ser convocado nuevamente para el tercer juicio en su contra.