A unos días de la celebración de los siete años del arribo del movimiento obradorista al Gobierno de la República, el régimen y la oposición endurecen sus posturas.
La marcha de la Generación Z con la demanda de la revocación de mandato se transformó en una manifestación de referéndum callejero por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y el cúmulo de desaciertos en la conducción del país.
Se cumplirán 15 días de la marcha del bloque opositor, y el Gobierno mantiene el debate buscando a los autores de una presunta conjura contra el Gobierno de la 4T, como si se tratara de una conspiración y no un derecho de la oposición de capitalizar la creciente inconformidad.
El oficialismo ha sobredimensionado la presencia en las calles de grupos de la sociedad, con el derecho de manifestarse, pero el Gobierno ha optado por criminalizar y condenar el derecho de manifestación, como lo hacían Morena —antes PRD— y partidos aliados.
El simple hecho de ser oposición al Gobierno da una ventaja enorme, como la tuvieron en Morena para acceder al poder de manera legítima, y ese mismo derecho de la oposición a la 4T de pelear y ganar las calles es también legítimo y constitucional.
Es una equivocación del Gobierno de la supuesta “izquierda” perseguir a los opositores judicializando la marcha del 15 de noviembre, y emprender una pesquisa desde el Congreso de la CDMX para dar con los organizadores de la marcha de la Generación Z.
Como lo hizo Morena y el resto de los partidos de oposición al régimen del PRI, cualquier movilización requiere de gastos y financiamiento; entonces, ¿dónde está el delito?
El Gobierno enfrenta dificultades para dirigir el país, y la oposición está en su derecho de hacer señalamientos, porque se vive en una democracia, y criminalizar la protesta es signo de totalitarismo.
Los oficialistas han convocado desde la Presidencia a una reunión masiva el 9 de diciembre, como desagravio por los reclamos del 15 de noviembre; la diferencia entre oficialismo y oposición radica en el uso de dinero público para movilizar a millares.
El oficialismo arrastra desde el verano casos de corrupción, como la penetración del crimen organizado en fuerzas armadas e instituciones públicas.
Las expresiones más evidentes son el huachicol fiscal, la interrupción de hidrocarburos y la relación de La Barredora con el Gobierno morenista de Tabasco.
En ese verano negro de 2025 aparecieron también los lujos, excesos y rasgos de enriquecimiento de figuras de Morena, empresarios beneficiados con asignación directa de obras y el aumento de la deuda pública.
Tampoco les fue bien con la elección judicial; el corporativismo y los “acordeones” para designar jueces, magistrados y ministros mermaron la credibilidad de la 4T-Morena.
Pero el quiebre del régimen no inició con los yerros del segundo piso de Claudia Sheinbaum Pardo, sino con la intervención de Estados Unidos contra el tráfico de drogas y migrantes.
Desde el inicio del Gobierno de Sheinbaum, con la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, la presidenta perdió la agenda de Gobierno y la relación bilateral quedó sometida por la amenaza de aranceles a cambio de aplastar a los cárteles mexicanos.
Uno de los síntomas de que no todo va bien en la Cuarta Transformación es el crecimiento económico negativo, que apenas ha librado el riesgo de recesión.