La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá este jueves una de las decisiones más sensibles del año: definir si las indemnizaciones por fallecimiento o incapacidad continuarán calculándose en salarios mínimos o se sustituirán por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El proyecto, impulsado por la ministra Lenia Batres, implicaría un recorte inmediato en las reparaciones del daño, un movimiento considerado por organizaciones civiles como un grave retroceso en Derechos Humanos.
De aprobarse el cambio, la indemnización máxima por fallecimiento quedaría en alrededor de 565 mil pesos, muy por debajo de los 1.3 millones que hoy podrían fijarse con salarios mínimos, afectando directamente a víctimas, aseguradoras e incluso al propio Estado. Entre los sectores más golpeados estarían los repartidores en motocicleta, una de las profesiones más riesgosas del país.
Edgar Balderas, vocero de Repartidores Unidos de México, advirtió que seis de cada diez trabajadores del sector han sufrido accidentes debido a la precaria infraestructura vial de la capital. “Somos los conductores más vulnerables del país y si ya nos indemnizan con muy poco, ahora sería peor”, señaló al exigir que la SCJN deje de vulnerar derechos y escuche al pueblo, como prometió.
Datos del Gobierno de la Ciudad de México confirman la gravedad: en el segundo trimestre de 2025, los motociclistas representaron el 44.7% de las muertes en sitio por hechos de tránsito, seguidos por los peatones con 25.4%. El debate de este jueves podría redefinir el futuro de miles de familias mexicanas y marcar un precedente en materia de justicia social.