El tiroteo en Washington, que dejó a la soldado Sarah Beckstrom muerta y a otro guardia herido, sacudió la seguridad nacional y ofreció al presidente Donald Trump un nuevo impulso para endurecer su agenda antimigrante. El agresor, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años admitido en 2021 bajo un programa humanitario, permitió a la Casa Blanca activar una respuesta inmediata que reconfigura la política migratoria.
El ataque ocurrió a dos calles de la Casa Blanca. Trump lo calificó como un “acto de terrorismo”, asegurando que el país debe recuperar un “control total” sobre quién ingresa y permanece en territorio estadounidense.
Horas antes, el gobierno anunció medidas de impacto: suspensión indefinida de solicitudes migratorias de ciudadanos afganos; revisión exhaustiva de todas las green cards emitidas a nacionales de 19 países considerados “preocupantes”; y el despliegue de 500 guardias adicionales en la capital.
El vicepresidente J.D. Vance y el director del USCIS, Joseph Edlow, respaldaron la línea dura, confirmando que los residentes permanentes de Afganistán, Cuba, Venezuela y otras naciones serán investigados caso por caso.
Organismos humanitarios alertaron sobre el riesgo de estigmatización masiva, mientras la ONU pidió no frenar la protección a personas desplazadas. Con el FBI investigando el ataque como terrorismo, el episodio se convierte en un nuevo argumento político que Trump capitaliza para reforzar la percepción de amenaza interna y justificar su ofensiva migratoria.