La familia de Cecilia Monzón acusó que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal, con sede en Puebla, otorgó una suspensión definitiva al amparo promovido por Javier N, señalado por violencia familiar, con la que se busca impedir la lectura íntegra de la denuncia presentada por la abogada antes de su feminicidio. La resolución, emitida el 27 de noviembre, contradice —según la familia— los argumentos ofrecidos ante el juez federal y vulnera los criterios de la nueva Ley de Amparo.
De acuerdo con la postura difundida por los Monzón, no existe fundamento legal para conceder ni la suspensión provisional ni la definitiva, especialmente porque el acto reclamado ya ocurrió: la lectura inicial de la denuncia se realizó el 24 de mayo, por lo que legalmente “no puede suspenderse algo consumado”. La familia señaló que la defensa de Javier N ha promovido amparos infundados para dilatar los procesos, sobre todo aquellos relacionados con la perspectiva de género y los lineamientos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar este tipo de delitos.
Impedir la lectura de la denuncia —advirtieron— revictimiza nuevamente a Cecilia, quien denunció agresiones en 2021 y cuyo caso quedó sin resolución antes de su asesinato en 2022. Estas tácticas de suspensión, recordaron, ya habían frenado durante casi un año el proceso oral de violencia familiar iniciado en julio de 2024 y pausado hasta mayo de 2025 por otro amparo calificado igualmente como sin sustento.
Mientras tanto, el juicio por feminicidio continúa en etapa oral y se prevé su conclusión el 3 de diciembre de 2025. Con más de 78 audiencias, se trata de uno de los procesos más extensos en la historia judicial del país y el más prolongado en un caso de feminicidio.
Para la familia Monzón, este nuevo obstáculo evidencia la persistente dilación en el acceso a la justicia mientras sigue sin consolidarse una sentencia firme por violencia familiar, delito por el cual Javier N ya ha sido declarado culpable en dos ocasiones. Llamaron tanto al Poder Judicial Federal como al del Estado de Puebla a asumir su responsabilidad ante una situación que, insistieron, ha sido generada por la estrategia legal del acusado.