La Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados avaló la Ley de Aguas sin modificar ni un artículo, pese a bloqueos, protestas y tensiones del sector agropecuario.
La oposición, conformada por PRI, PAN y MC, pidió suspender la dictaminación, argumentando que la reforma favorece un centralismo absoluto, dejando ambiguo el manejo de concesiones y derechos del agua.
El diputado Francisco Pelayo criticó que la ley carece de presupuesto suficiente, advirtiendo que el artículo 49 sobre transferencias internas de riego contrasta con el artículo 22 sobre concesiones, creando incongruencias legales.
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Por su parte, la diputada Tatiana Ángeles aseguró que la reforma responde a las demandas del pueblo, señalando que la ley vigente desde 1992 permitió acaparamiento, sobreexplotación y un mercado negro del agua.
La legisladora destacó que la reforma busca un uso equitativo y sostenible, garantizando la vida humana, animal y vegetal, la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional, además de consolidar el saneamiento obligatorio del agua.
Agricultores y ganaderos mantuvieron reuniones con legisladores en San Lázaro, buscando aclaraciones sobre la transmisión de concesiones y la protección de sus derechos.
Miguel Sánchez, diputado de MC, señaló que no se consideraron más de 54 correcciones previas enviadas por la oposición, y pidió aplazar la votación para garantizar que el derecho humano al agua no se vea afectado ni se regulen usos de manera excesiva.
El debate refleja la tensión entre modernizar el marco legal del agua y mantener certeza y justicia para los usuarios actuales, mientras México avanza hacia una gestión hídrica más eficiente y sostenible.