Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una lancha sospechosa de narcotráfico en el Pacífico oriental dejó cuatro muertos, reavivando el escrutinio sobre la campaña marítima impulsada por el gobierno de Donald Trump. El Comando Sur afirmó que la embarcación pertenecía a una organización “designada terrorista” y que transportaba droga por una ruta clave del contrabando. Con este operativo, el número de fallecidos asciende a 85 desde septiembre en acciones similares en el Caribe y el Pacífico.
El episodio ocurre mientras sigue el debate por el doble ataque del 2 de septiembre, donde murieron 11 personas —incluidos dos sobrevivientes alcanzados por un segundo misil— detonando tensiones en el Congreso. Legisladores de ambos partidos cuestionan si estas operaciones, parte de una serie de 22 ataques, violan normas del derecho de guerra.
El almirante Frank M. Bradley, jefe de Operaciones Especiales, defendió ante el Congreso que los sobrevivientes seguían siendo “objetivos” al mantener contacto con otra nave, lo que permitiría justificar un segundo misil pese a que la lancha ya estaba destruida. Demócratas consideran esta interpretación insostenible, advirtiendo que los hombres estaban incapacitados para continuar cualquier acción.
La administración Trump insiste en que existe un “conflicto armado” con los cárteles y que los presuntos traficantes son “combatientes”, aunque especialistas en derecho internacional rechazan esa doctrina y recuerdan que las normas humanitarias prohíben atacar a náufragos o a individuos fuera de combate. El propio manual del Pentágono establece que las órdenes de “disparar al naufragado” son ilegales.
El Congreso investiga si existió una orden verbal de “matar a todos”, algo que Bradley niega. Casos recientes aumentan la desconfianza: en un operativo de octubre, dos sobrevivientes fueron entregados a Colombia y Ecuador, evidenciando inconsistencias en la aplicación de la política militar estadounidense.