Colectivas feministas denunciaron nuevas dilaciones en el juicio contra Javier N, presunto feminicida de la activista Cecilia Monzón Pérez, y alertaron posibles intereses políticos.
Las activistas señalaron que las demoras en el proceso judicial vulneran la celeridad procesal y afectan el acceso a la justicia para la familia Monzón. Indicaron que los aplazamientos generan impunidad y nuevas formas de revictimización.
Integrantes de diversas colectivas afirmaron que el caso de Monzón refleja intereses políticos vinculados a estructuras históricas de poder. Expusieron que existen conexiones que no siempre son claras para las víctimas o la ciudadanía.
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Recordaron que el feminicidio de Monzón ocurrió en mayo de 2022 y que el juicio oral por feminicidio ha sido pospuesto en repetidas ocasiones. El proceso estaba programado inicialmente para marzo de 2025 y después para abril del mismo año.
Las organizaciones explicaron que el avance del caso ha enfrentado suspensiones, recursos y acciones legales que han retrasado la sentencia. Indicaron que esta situación contradice los parámetros de la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las colectivas advirtieron que un amparo interpuesto en noviembre de 2025 detuvo la imposición de la pena correspondiente al delito de violencia familiar. Mencionaron que el retraso no es un hecho aislado, sino un reflejo de fallas estructurales del sistema.
También destacaron la importancia de la Guía para el Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalaron que esta establece obligaciones para garantizar diligencia y respeto a las víctimas.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para asumir su responsabilidad. Solicitaron transparencia y perspectiva de género a la fiscal estatal Idamis Pastor Betancourt y a la fiscal federal Ernestina Godoy.