El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que su administración no pagará los 4 mil 300 millones de pesos restantes del contrato del Centro Integral de Servicios (CIS) y se declarará en moratoria, al considerar que el acuerdo es desproporcionado y lesivo para Puebla. Desde 2012 y hasta diciembre de 2025, el estado ya erogó 2 mil 617 mdp, pero el monto total alcanzaría casi 7 mil millones, cifra que —según el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras— no corresponde al valor real del inmueble, estimado en mil 500 mdp.
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Durante la conferencia de inicio de su segundo año de gobierno, Armenta exhortó a la empresa responsable a negociar; de lo contrario, acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar y, en su caso, anular el contrato. Subrayó que esos recursos se destinarían a seguridad, salud y educación, prioridades estratégicas para la entidad.
El mandatario también arremetió contra el legado del exgobernador Rafael Moreno Valle, al que calificó como un saqueo a las finanzas públicas, y pidió informar de manera constante sobre los ahorros logrados, como ocurrió con la liquidación del MIB en su primer año.
Además, reveló que existen nueve contratos por obras inexistentes en litigio, con adeudos cercanos a 4 mil mdp. Aunque se privilegiará el diálogo, fue enfático: “no se pagará un solo peso” por obligaciones que consideró inmorales.