En un país en el que pareciera que la violencia se ha normalizado, es bueno reflexionar sobre uno de los muchos temas que deben encender las alertas, cuando la población de adultos mayores crece más que la de jóvenes.
La pirámide poblacional se ha venido revirtiendo, de manera que en la última década la población de personas menores de 15 años ha disminuido y la de más de 60 años ha incrementado, pasando a 14.7% en 2023, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID).
La violencia familiar es, como bien se ha documentado, una de las más extendidas en México. Por muchas décadas fue un asunto privado, hoy es reconocida como una grave violación a los derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y muchos hombres que también son víctimas.
Todavía poco visibilizada y muchas veces oculta, es la violencia que se ejerce en las familias en contra de las personas adultas mayores, y ocurre con mucha más frecuencia de lo que podemos imaginar.
Del total de población de personas adultas mayores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, por cada 10 personas, entre cinco y siete han sufrido violencia.
Mayoritariamente reciben violencia psicológica (desprecios, amenazas), pero también abuso económico, apropiación de bienes económicos y propiedades, negligencia, violencia física, manipulación emocional, abandono, abuso sexual, entre otros.
Estos hechos de violencia son cometidos por familiares directos, hijos, hijas; pero también por sus parejas, nietos, sobrinos o hermanos, especialmente cuando dependen física y emocionalmente de ellos, lo que los convierte en sus agresores.
Muchas veces las personas adultas mayores arrastran una historia de violencia desde sus infancias, y después la vivieron con sus parejas, llegando a la vejez con relaciones familiares muy conflictuadas, por razones diversas que no fueron atendidas a tiempo.
Vale la pena visibilizar que este tipo de violencia contra adultos mayores existe, produce daños y debe reconocerse para prevenirse y enfrentarse desde políticas públicas diseñadas por los gobiernos.
Dado que el número de personas mayores aumenta, no debe minimizarse ninguna señal de maltrato, por lo que urge diseñar una campaña integral para que las personas adultas mayores identifiquen si son víctimas de alguna violencia, conozcan a qué instituciones acudir y tengan información sobre cuidados físicos, emocionales y sociales.
En el estado de Puebla hay una Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores que protege sus derechos y determina los tipos de violencias contra este sector. En 2022, en Puebla se elevó el castigo por agresiones físicas o psicológicas, con cuatro años y medio de prisión, y el Código Civil también prevé casos para proteger su patrimonio y bienes.
Se podría difundir esta información de manera focalizada en los 10 municipios poblanos con mayor número de personas adultas mayores.
En un país donde la violencia se ha normalizado y la población envejece, es obligado seguir visibilizando todas las violencias para que sean atendidas, ya que sus impactos son intergeneracionales.