El Senado de Estados Unidos dio un paso decisivo para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump en Venezuela, luego de aprobar una resolución que prohíbe nuevas hostilidades sin la autorización expresa del Congreso. La votación, considerada clave y simbólica, contó con el respaldo de cinco senadores republicanos, marcando una inusual reprimenda bipartidista al Ejecutivo.
La iniciativa, impulsada por los demócratas, busca reafirmar el control constitucional del Congreso sobre la guerra, en un contexto de alta tensión tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro. Aunque la votación final se perfila como un trámite, el proyecto enfrenta un escenario complejo en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana mantiene una postura más alineada con la Casa Blanca.
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Aun si la resolución superara ambas cámaras, Trump podría vetarla, lo que obligaría al Congreso a reunir mayorías calificadas para imponerse al Ejecutivo, un escenario políticamente cuesta arriba. Para legisladores críticos, la medida tiene un peso institucional: bombardear la capital de otra nación y destituir a su líder constituye un acto de guerra, y no puede ejecutarse sin aval legislativo.
Desde la Casa Blanca, la administración sostiene que la operación en Venezuela se justificó como parte de la lucha contra el narcotráfico transnacional, argumento respaldado por sectores republicanos que defienden la autoridad presidencial en materia de seguridad nacional. No obstante, el debate reaviva una discusión histórica sobre los límites del poder militar del presidente, comparable solo con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que logró imponerse incluso sobre un veto presidencial.