Tras el asesinato del periodista de la fuente policíaca Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero en un restaurante de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, la Secretaría de Gobernación informó que el comunicador había abandonado las medidas de protección con las que contaba desde 2024.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el periodista dejó de recibir resguardo tras mudarse temporalmente fuera del estado, sin que posteriormente existiera una nueva solicitud para reactivar el mecanismo. Aun así, subrayó que no habrá impunidad y que los mecanismos federal y estatal de protección ya trabajan en conjunto con la familia y colegas de la víctima.
En paralelo, la funcionaria lamentó el crimen y aseguró que las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. De acuerdo con información preliminar, hombres armados ingresaron al local y abrieron fuego directamente contra el comunicador, quien perdió la vida en el lugar.
Por su parte, Omar García Harfuch confirmó la coordinación interinstitucional con Gobernación, la gobernadora Rocío Nahle y la fiscalía estatal, con el objetivo de dar con los responsables del ataque.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Ejército y otras corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona para el inicio de las diligencias ministeriales. El crimen vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad de periodistas en México y la efectividad de los mecanismos de protección, particularmente en regiones marcadas por la violencia.