Beneficio
El caso de Mario Marín Torres vuelve a tensar la relación entre justicia, poder y memoria pública. A casi un año de su reclusión en el Penal del Altiplano, el exgobernador insiste en recuperar la prisión domiciliaria, un beneficio que ya le fue concedido y retirado, y que hoy se revisa nuevamente bajo la lupa de tribunales federales. Los magistrados han reconocido la complejidad del análisis, y no es para menos. El riesgo de fuga, señalado por instancias previas y respaldado por testimonios, sigue siendo un factor central. En el centro del proceso está también la persistencia de la periodista Lydia Cacho, cuya denuncia ha sostenido durante años un caso emblemático sobre el uso del poder para silenciar voces críticas. Que su petición haya sido clave para revertir la prisión domiciliaria en 2025 subraya el papel de las víctimas en un sistema que, durante décadas, pareció inclinarse hacia los poderosos. No es casual que la concesión original del beneficio, en 2024, fuera tachada de “sabadazo” por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, la nueva ofensiva legal de Marín busca cambiar una medida cautelar y pone a prueba la coherencia del Poder Judicial frente a uno de los casos más simbólicos del abuso de poder en el estado y el país. La resolución que emitan los tribunales no será sólo jurídica, será, inevitablemente, política y moral. ¿Será?
Detenidos
La reciente operación conjunta encabezada por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el estado de Puebla dejó cifras contundentes: 56 personas detenidas, decenas de inmuebles y vehículos asegurados, así como armas, drogas y equipos de videovigilancia utilizados con fines ilícitos. El despliegue, realizado entre finales de diciembre y los primeros días de enero, confirma que la estrategia de seguridad federal mantiene una fuerte presencia militar como eje central del combate a la delincuencia. Sin embargo y más allá de los números, el operativo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta recurrente: ¿estos golpes son suficientes para debilitar de manera estructural a las organizaciones delictivas o solo representan contenciones temporales? El verdadero impacto de estas acciones deberá medirse en el mediano plazo, con reducción sostenida de la violencia, desarticulación de redes criminales y mayor percepción de seguridad entre la población. De lo contrario, los operativos, por más exitosos que parezcan en cifras, corren el riesgo de convertirse en episodios recurrentes de una estrategia que aún busca resultados duraderos para la sociedad poblana. ¿Será?
Respuesta
La reacción del Gobierno estatal ante la falta de agua en el Hospital General del Sur de esta ciudad, puso de relieve la capacidad de respuesta institucional pero también la fragilidad de la infraestructura básica que sostiene la atención médica. La movilización de más de 100 mil litros fue una respuesta operativa inmediata que, en el corto plazo, evitó la interrupción de la atención sanitaria y redujo riesgos para pacientes y personal. No obstante, el episodio también reveló una falla estructural preocupante: que un hospital de alta relevancia enfrente la suspensión del suministro de agua, expone carencias que no deberían resolverse únicamente con medidas de emergencia. La salud pública no puede depender de soluciones improvisadas, sino de planeación, mantenimiento y prevención constantes. ¿Será?
Sin llantas
Al parecer, nadie se salva del robo de autopartes en esta capital. Ayer, fue el turno del diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, cuya camioneta de alta gama quedó montada sobre bloques de cemento en el estacionamiento de Plaza Ventura, sobre la Vía Atlixcáyotl. La fotografía del vehículo, divulgada en redes sociales, fue una postal cotidiana de varios hechos delictivos parecidos en estacionamientos de centros comerciales de mayor plusvalía en la ciudad. El episodio también pone en entredicho la eficacia de la seguridad privada en dichos lugares y la coordinación con las autoridades. Angelópolis es una de las zonas de mayor desarrollo urbano y económico del estado; sin embargo, ni eso disuade a los delincuentes especializados en sustraer piezas de automóviles. Más allá de que la información haya trascendido de manera extraoficial, el caso resulta simbólico, pues no se trata de un ciudadano común, sino de un legislador federal, exalcalde de Tecamachalco e hijo del senador Ignacio Mier Velazco. Si a una figura pública le roban las cuatro llantas de su vehículo durante la madrugada, ¿qué puede esperar el resto de la población que carece de reflectores y escoltas? ¿Será?