Una agresión con arma punzocortante, la imposición del uso obligatorio de uniforme y presuntos actos de extorsión detonaron una manifestación a las afueras del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en la ciudad de Puebla. Familiares de personas privadas de la libertad y comerciantes exigieron el traslado inmediato del interno Marcos Pavón, a quien señalan como presunto responsable de cobros ilegales dentro y fuera del penal.
La mañana de este viernes 16 de enero, alrededor de 40 personas se congregaron frente al reclusorio para solicitar a la Dirección de Centros Penitenciarios que Pavón sea reubicado en un penal federal, argumentando que mantiene una red de presiones económicas y amenazas que afectan tanto a internos como a sus familias.
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La protesta se dio tras confirmarse que la noche del jueves 15 de enero, un interno fue apuñalado al interior del penal, hecho que derivó en un operativo de seguridad que obligó a los reclusos a permanecer encerrados en sus dormitorios para evitar disturbios.
A este contexto se sumó la inconformidad por el uniforme único obligatorio, cuyo costo —denunciaron— representa una carga económica adicional. Algunos familiares afirmaron que deben elegir entre comprar alimentos o pagar el uniforme, situación que calificaron como insostenible.
Durante la movilización, comerciantes del Mercado La Acocota aseguraron que las extorsiones vinculadas a Marcos Pavón también se extienden a ese centro de abasto. Ante ello, personal del Ayuntamiento acudió al penal y se comprometió a verificar los señalamientos.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se analiza el traslado de Marcos Pavón al Penal de Tepexi de Rodríguez, como paso previo a su posible reubicación federal, además de revisar la política del uniforme.