Presión ejercida
La comparecencia de la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya ante el Congreso local, ocurre en medio de un clima de cuestionamientos sobre la eficacia real del organismo. Que solamente 18 de más de ocho mil quejas hayan derivado en recomendaciones durante 2025, expone una brecha entre la demanda ciudadana y la respuesta institucional. Esta desproporción, señalada incluso por instancias académicas como la Ibero Puebla, alimenta la percepción de omisión y debilidad estructural de la Comisión, cuyo mandato principal es proteger a las personas frente a abusos de autoridad. La presión ejercida por legisladores de oposición, particularmente del PAN, refleja un reclamo social más amplio por transparencia, rendición de cuentas y resultados concretos. En un contexto donde las violaciones graves a derechos humanos siguen siendo una realidad persistente, la falta de recomendaciones efectivas debilita la confianza ciudadana en los organismos autónomos. La comparecencia de este jueves será, por tanto, una prueba clave. No bastará con justificar procedimientos administrativos o limitaciones presupuestales; lo que se espera es una explicación clara sobre por qué la defensa de los derechos en Puebla parece quedarse en el trámite y no en la reparación. ¿Será?
Voluntad y cautela
La promesa de convertir a San Francisco Totimehuacán en el municipio 218 del estado, sigue envuelta entre un discurso de voluntad y la cautela institucional. Mientras el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, asegura que el Poder Legislativo cumplirá con los requisitos legales para concretar la municipalización, desde el Ejecutivo se reconoce una realidad menos optimista. La postura vertida antier por el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, deja claro que el proceso no depende únicamente de la intención política, sino de una compleja ruta jurídica y administrativa que difícilmente podrá completarse antes del proceso electoral de 2027. La creación de un nuevo municipio no es un trámite menor, ya que implica redefinir presupuestos, estructuras de Gobierno y responsabilidades institucionales. Mientras tanto, los habitantes de esta junta auxiliar de Puebla capital siguen esperando, entre la expectativa social y los tiempos que marca la ley. ¿Será?
Regidor detenido
José Ernesto Fosado Guzmán, regidor de Gobernación en Venustiano Carranza, fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial en Villa Lázaro Cárdenas, sobre la carretera México-Tuxpan, en la Sierra Norte del estado. Aunque hasta el momento las autoridades no han precisado los delitos que se le imputan, persiste el antecedente de los señalamientos realizados en su momento por el exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien acusó a la familia del presidente municipal, Marco Antonio Valencia Ávila, de presuntos vínculos con el robo de hidrocarburos. El hecho de que exista una orden de aprehensión girada por un juez federal y que Fosado Guzmán haya sido trasladado de inmediato a Reynosa, Tamaulipas sugiere la gravedad del caso. El silencio del Ayuntamiento tampoco pasa desapercibido. En contextos de alta sensibilidad política, la falta de posicionamiento institucional suele alimentar la sensación de opacidad. En las próximas horas, la información oficial será clave para dimensionar el impacto legal de una detención, que ya generó inquietud en la esfera política serrana. ¿Será?