La catástrofe ferroviaria registrada el pasado 18 de enero en el sur de España, que dejó un saldo de 45 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, continúa generando un intenso enfrentamiento político a nivel nacional. Este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció ante el Senado de España, donde acusó directamente a la derecha y la extrema derecha de alimentar el caos y difundir desinformación tras la tragedia.
En medio de gritos de “¡Dimisión!” por parte de legisladores opositores, Puente defendió la actuación tanto del Gobierno central como de las autoridades regionales, reiterando su compromiso total con el esclarecimiento de los hechos. Reconoció, sin embargo, que aún no se cuenta con todas las respuestas sobre las causas del accidente, aunque pidió no adelantar conclusiones ni “sembrar el miedo” entre la población.
Las investigaciones preliminares apuntan a una posible rotura de una soldadura en un raíl como detonante del descarrilamiento ocurrido cerca de Adamuz, Andalucía, donde varios vagones invadieron la vía contraria segundos antes del paso de otro tren, provocando la colisión. El siniestro reabrió el debate nacional sobre el mantenimiento de la red ferroviaria española, un tema sensible en la agenda pública.
Previo a la intervención del ministro, senadores del Partido Popular y de Vox criticaron la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya comparecencia está prevista para el 11 de febrero ante el Congreso. La tensión política también se reflejó en los señalamientos directos contra el Ejecutivo, al que la oposición exige responsabilidades.
Mientras tanto, España rinde homenaje a las víctimas. En Huelva, ciudad de origen de varios fallecidos, se celebró una misa solemne con la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia. El informe definitivo sobre las causas del accidente podría tardar varios meses, prolongando un debate que sigue marcando la agenda nacional.