Paro de transportistas
La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) anunció un paro masivo del sistema público de pasajeros en la zona metropolitana, en protesta por el posible retiro de circulación de las unidades que no aprobaron las pruebas mecánicas y de seguridad realizadas durante la pasada Revista Vehicular.
Las cifras son contundentes: de un padrón estimado en 35 mil unidades, apenas 16 mil 548 aprobaron los exámenes. Es decir, más de la mitad del transporte público circula hoy bajo el riesgo de salir de las calles, ser enviado al corralón y recibir multas de hasta 25 mil pesos.
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Para la Secretaría de Movilidad y Transporte, el mensaje ha sido claro: cero tolerancia.
Por otro lado, la UTEP rechaza la medida y la califica como recaudatoria, ajena a la crisis económica que enfrenta el gremio. Su respuesta será el bloqueo y paralización de vialidades estratégicas como la Vía Atlixcáyotl, el bulevar 5 de Mayo y el bulevar Norte, afectando directamente a miles de usuarios.
Mientras el Gobierno busca imponer orden tras años de omisión, los transportistas reclaman condiciones para cumplir. En medio de este choque, la ciudadanía vuelve a ser rehén de un sistema colapsado, atrapada entre la urgencia y la realidad de un transporte público irregular. ¿Será?
Despojo inmobiliario
El endurecimiento de sanciones por despojo inmobiliario en Puebla es una reacción institucional ante el incremento del delito y el reconocimiento de una deuda con sectores vulnerables.
Adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y menores de edad han sido, durante años, las principales víctimas de una práctica que combina abuso, corrupción y especulación económica.
La iniciativa enviada al Congreso del Estado pone énfasis en sancionar a los autores intelectuales y financiadores, con el objetivo de desarticular las estructuras delictivas. Destaca la inclusión de sanciones agravadas cuando existe participación dolosa de notarios públicos, documentos falsos o registros simulados.
El impacto real dependerá de su aplicación efectiva. Endurecer penas es un paso importante, pero insuficiente sin investigaciones sólidas, vigilancia y acceso a la justicia. El reto es demostrar que el Estado puede proteger el derecho a la propiedad. ¿Será?
Basureros saturados
Ambientalistas y pobladores de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla denunciaron que el relleno sanitario de Chiltepeque opera fuera de los términos autorizados, al recibir residuos de varios municipios, cuando su permiso era exclusivo para Puebla capital.
Tras el cierre de los basureros de Tehuacán y Cholula, se generó un efecto dominó: los residuos fueron enviados a otros puntos, saturando instalaciones sin capacidad técnica ni plantas de tratamiento.
Más grave aún es el señalamiento de que estas decisiones responden a convenios de interés político, y no a una estrategia ambiental integral. Cuando la basura se gestiona sin criterios técnicos, las consecuencias impactan en el medio ambiente y la salud comunitaria. ¿Será?
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