Entre las mentiras y contradicciones que se acumulan día a día; la incertidumbre que prevalece en el país; la inseguridad y la naturalización de las violencias que suceden en México; ha pasado casi desapercibida la aprobación, dentro de la Ley General de Salud, de una reforma que elimina porcentajes obligatorios de recursos públicos destinados a la atención de enfermedades graves.
La modificación suprime el 8% para enfermedades catastróficas, el 2% para infraestructura y el 1% para abasto de medicamentos y estudios, recursos que estaban reservados obligadamente para el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI). Esta reforma fue aprobada en diciembre y entró en vigor el pasado 16 de enero.
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Este Fondo, creado dentro de la estructura del extinto Seguro Popular, funcionaba como el instrumento financiero que garantizaba el pago de tratamientos de muy alto costo para los pacientes más vulnerables, quienes hoy han quedado en una evidente desprotección.
Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025) ya se habían advertido severos recortes al gasto público en salud, en contraste con los incrementos consecutivos que se habían registrado en años anteriores. Incluso, expertos calificaron ese ajuste como el peor recorte presupuestal en la historia reciente del sector. Para el PEF 2026, el sector salud volvió a enfrentar un nuevo recorte significativo.
Con la modificación del artículo 77 Bis 17 de la Ley General de Salud, relativo al destino de los recursos del FONSABI, se abre la puerta a un uso discrecional del dinero, al eliminar los porcentajes fijos destinados a la atención de enfermedades catastróficas como cáncer, VIH/SIDA, trasplantes y cuidados intensivos neonatales, recursos que deberían ser intocables para quienes más los necesitan.
Este proceso recuerda el desmantelamiento financiero de otros mecanismos, como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), extinguido en 2020, durante la pandemia de COVID-19, junto con otros 109 fondos y fideicomisos, cuyos recursos fueron transferidos a la Secretaría de Hacienda. Hoy, se plantea que los recursos del FONSABI también sean manejados por la Tesorería de la Federación, con el riesgo de que sean destinados a “otras prioridades” del gobierno en turno.
Llama la atención, en este contexto, la preocupación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba (Orden Ejecutiva del 29 de enero de 2026), al advertir que esta medida podría desencadenar una crisis de gran alcance, afectando hospitales y alimentación, una situación que —dijo— debe evitarse.
Resulta pertinente preguntarse si el desmantelamiento financiero del sistema de salud mexicano, que se arrastra desde 2020, con recortes presupuestales, eliminación de candados financieros y debilitamiento de los fondos para enfermedades graves, no ha provocado ya una crisis de gran alcance que hoy impacta directamente a hospitales y a todo el sistema de salud nacional.
Por más que se intente ocultar la realidad con discursos optimistas, entre la dimensión de las mentiras y la realidad cotidiana, los hechos se imponen, aunque se repita una y otra vez que “vamos muy bien”.
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