Un fallido modelo de transporte
El transporte público en Puebla atraviesa una fase de reconversión obligada, impulsada por la urgente necesidad de modernizar uno de los sistemas más precarios, inseguros y deficientes del país. Los recientes operativos para retirar de circulación unidades consideradas pirata, debido a su condición irregular, han generado sorpresa e inconformidad entre numerosos usuarios. Muchos de ellos se han visto obligados a esperar tiempos excesivos, en algunos casos de hasta 45 minutos, para poder abordar una unidad que les permita llegar a sus hogares, centros de trabajo o escuelas. Históricamente, el sistema ha padecido una desatención descomunal. Se trata de un modelo que surgió de manera improvisada, impulsado más por la necesidad que por una planeación adecuada. Transportistas detectaban nuevas concentraciones urbanas, como colonias en expansión, adquirían algunas unidades, frecuentemente usadas, y comenzaban a prestar el servicio sin una regulación efectiva. Así se fue configurando un sistema caótico, tolerado durante años por las autoridades. Hoy, el Gobierno estatal enfrenta una disyuntiva compleja: retirar de circulación camiones, microbuses, vans y otros vehículos adaptados para ofrecer un servicio insuficiente, pero que durante décadas han sido la única opción para millones de personas. Es una tarea pesada y políticamente costosa, pero necesaria. La expectativa de la mayoría de los poblanos es clara: que este esfuerzo sí derive, finalmente, en un sistema de transporte público digno. En ese sentido, proyectos como el Cablebús, la ampliación de la Red Urbana de Transporte Articulado y la modernización del parque vehicular deben avanzar de manera paralela al crecimiento de la ciudad, respondiendo tanto a sus necesidades reales como a la riqueza que Puebla genera. ¿Será?
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¿Persecución o fiscalización?
La disputa política en San Andrés Cholula dejó los márgenes del debate administrativo para instalarse en el terreno de la confrontación pública. Mientras desde el Congreso del Estado se insiste en que las auditorías y señalamientos forman parte de una obligación institucional para vigilar el uso de los recursos públicos, la narrativa de persecución política sigue ganando espacio en el discurso partidista. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Pavel Gaspar, intentó cerrar el paso a esa lectura al negar cualquier uso faccioso de la Auditoría Superior y subrayar que la fiscalización no distingue colores partidistas. Las exigencias de Morena para transparentar una obra de 80 millones de pesos y las acusaciones sobre solicitudes cercanas a mil millones para apenas ocho calles colocan a la administración municipal bajo un escrutinio inevitable. Del otro lado, el PAN cierra filas en defensa de la alcaldesa Guadalupe Cuautle y acusa una estrategia de desgaste político encabezada por un aspirante que, ante la falta de propuestas, recurre, según la dirigencia estatal, a la desinformación y al linchamiento mediático. El llamado a respetar la presunción de inocencia y los cauces institucionales no es menor en un contexto donde los juicios públicos suelen adelantarse a las conclusiones oficiales. En el fondo, el conflicto revela la delgada línea entre la fiscalización necesaria y el uso político de las auditorías. La clave estará en que las instituciones actúen con rigor, transparencia y sin estridencias, y que los actores políticos entiendan que la rendición de cuentas se gana con expedientes claros y resultados verificables. Sólo así San Andrés Cholula podrá separar el ruido político de las verdaderas responsabilidades públicas. ¿Será?