Castigo silencioso para usuarios
Este jueves, por tercer día consecutivo, la escasez de unidades del transporte público en la zona metropolitana de Puebla, provocada por el incumplimiento de concesionarios con la Revista Vehicular, el temor al retiro de los autobuses y el pago de multas, trasladó el costo del conflicto a los usuarios, quienes enfrentan esperas de hasta 90 minutos para poder desplazarse. Rutas como Galgos del Sur, la 68 y la Azteca evidenciaron un sistema frágil, incapaz de absorber la ausencia de camiones y combis sin afectar la movilidad de miles de personas. La consecuencia inmediata ha sido el aumento en los tiempos de traslado, pero el efecto más preocupante es la normalización de soluciones irregulares: taxis sin concesión y traslados improvisados se han convertido en la única alternativa para quienes no pueden esperar. Zonas como el Periférico Ecológico, Valsequillo y Lomas de Angelópolis reflejan con claridad esta presión. Ahí, la percepción de lentitud o de tarifas elevadas en la Línea 4 de RUTA empujó a los usuarios a optar por servicios fuera de la ley, exponiéndose a riesgos de seguridad y a abusos económicos. Por otro lado, el Gobierno del Estado mantiene una postura firme. La política de cero tolerancia y la negativa a otorgar prórrogas enviaron un mensaje claro a los concesionarios: el cumplimiento no es negociable. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si esta rigidez administrativa considera el impacto social inmediato de sus decisiones. La legalidad del transporte es indispensable, pero también lo es garantizar la movilidad. Mientras ambas responsabilidades no se equilibren, la capital poblana seguirá atrapada entre la sanción a los concesionarios y el castigo silencioso a los usuarios, que cada día pagan con tiempo, dinero y paciencia las fallas de un sistema que no termina de ordenarse. ¿Será?
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Crisis interna en la Central de Abasto
La polémica en torno a la barda perimetral de la Central de Abasto de Puebla exhibe algo más profundo que una obra pública concluida: pone en evidencia una crisis de representación y diálogo en uno de los espacios económicos más estratégicos del estado. Aunque la autoridad municipal da por cerrado el tema desde el punto de vista legal, el malestar de los bodegueros revela que el conflicto social sigue abierto y sin canales claros de resolución. El señalamiento directo de los bodegueros inconformes contra el secretario del Consejo General, acusado de concentrar decisiones y operar sin consenso, apunta a una grave falla en los mecanismos de gobernanza interna. La ausencia de consulta previa no es un detalle menor cuando se trata de una obra que impacta directamente en la logística, el acceso del transporte pesado y la dinámica comercial diaria. En un nodo clave para el abasto regional, cualquier alteración mal planificada puede traducirse en pérdidas económicas y desorganización operativa. La seguridad, argumento central de la versión oficial, es un objetivo legítimo e incluso necesario. Sin embargo, cuando se convierte en una justificación para imponer decisiones unilaterales, corre el riesgo de volverse contraproducente. El cierre legal del caso no equivale a una solución política ni social; por el contrario, deja al descubierto la necesidad de procesos más incluyentes, transparentes y representativos. El caso de la Central de Abasto es un recordatorio de que las obras públicas no se miden sólo en concreto y bardas, sino en la capacidad para construir acuerdos. Sin diálogo, incluso las decisiones bien intencionadas, pueden convertirse en nuevos focos de tensión entre el poder público y quienes sostienen la actividad económica de la ciudad. ¿Será?