No hay claridad sobre el diálogo del Gobierno de México con el de Estados Unidos respecto a los envíos de petróleo mexicano a Cuba. Tampoco de cómo procederá: si seguirá abasteciendo a la isla, a pesar del decreto de Donald Trump de imponer aranceles a los países que lo hagan, o amparado en algún acuerdo con la Casa Blanca, lo cual parece remoto.
Lo que sí es claro es que nuestro Gobierno está ante un difícil dilema.
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En un lado de la balanza, está la ideología que carga su partido y su militancia, de cercanía política y sobre todo emocional con el régimen que ha detentado el poder en la isla desde hace 67 años.
Por el otro, el interés nacional, considerando cuestiones mucho menos etéreas: la relación con un país –el más poderoso del mundo– adonde va el 80% de nuestras exportaciones, con el que compartimos una frontera de más de tres mil 200 kilómetros y donde viven cerca de 12 millones de compatriotas y más de 30 millones de personas de origen mexicano.
Por ahora, más allá de los discursos, todo apunta a que, atinadamente, nuestro Gobierno está optando por lo segundo, si bien tratando de maniobrar para mantener el apoyo a Cuba, de alguna forma u otra: si no con petróleo, con “ayuda humanitaria”.
Desde nuestro Gobierno se habla de la necesidad de asistir a la isla dado que estaría ante una perspectiva de crisis humanitaria. Esto, por una situación económica complicada por el freno al suministro de petróleo venezolano, y ahora, con la amenaza arancelaria, al de cualquier país. La pregunta aquí es cuál es la causa de que Cuba esté al borde de un colapso así.
Desde hace décadas, el régimen castrista y muchos de quienes lo han apoyado alrededor del mundo le han echado la culpa a un cerco económico que, como ha señalado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es en gran medida un mito.
Existe un embargo comercial limitado en función de la ley Helms-Burton, mas no un bloqueo naval total. Cuba tiene tratados comerciales con más de 40 países y, de hecho, Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, junto con China, Venezuela, Brasil y España. Los alimentos y muchos otros artículos, como los farmacéuticos, están exentos, igual que la ayuda humanitaria.
La crisis económica cubana no es reciente. Se debe, en gran parte, a la corrupción y la mala gestión de su Gobierno, y estructuralmente, a un sistema económico que fracasó hace mucho, con una fallida política económica tras otra para darle respiración artificial.
Estamos ante una economía que sólo ha podido mantenerse a flote con ayuda externa, primero de la Unión Soviética y, más recientemente, de Venezuela. México no puede ni debe tomar esa estafeta. Al menos no de la misma manera.
Rubio tiene razón en que el supuesto "bloqueo" se ha vuelto una narrativa para encubrir ese modelo económico inoperante y un pretexto para la prolongación de un régimen autocrático. Justificación similar a las que usaba la dictadura venezolana para aferrarse al poder, lo que hoy ha quedado completamente al desnudo con el acatamiento de ese régimen, ya sin Nicolás Maduro, a Estados Unidos.
La pregunta para México es puntual: ¿por un régimen así podemos poner en riesgo la relación económica a la que está ligado el empleo de una cuarta parte de nuestra población ocupada? Como ha empezado a reconocer nuestro Gobierno: es tiempo de encontrar fórmulas de apoyo distintas, y lo más importante: para el pueblo cubano, no para su dictadura.
Los envíos de petróleo, que ya se veían insostenibles previo al decreto arancelario, no tenían una justificación económica. Sólo política e ideológica, más que humanitaria. Máxime en un contexto en el que Pemex acumula pérdidas y depende para su propia subsistencia del erario.
Dos cosas quedan claras en este drama: más allá de discursos sobre soberanía, ni Pemex ni la economía cubana son sostenibles sin cambios estructurales.