Desde el Congreso del Estado, la diputada del PAN, Susana Riestra Piña, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Víctimas y frenar la filtración de información que exponga o revictimice a personas involucradas en hechos delictivos.
El planteamiento surge tras casos que generaron alta conversación pública, como el ataque al bar Sala de Despecho y la desaparición de Lidya Valdivia, donde datos sensibles circularon antes de que concluyeran las investigaciones. Para la legisladora, la difusión anticipada de vínculos, antecedentes o líneas de investigación vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad.
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La reforma propone adicionar el artículo 38 Bis a la Ley de Víctimas del Estado para obligar a servidores públicos estatales y municipales a resguardar, proteger y garantizar la confidencialidad de documentos, imágenes, audios y cualquier material relacionado con investigaciones penales. También prohibiría difundir o utilizar ilícitamente información bajo su custodia o conocimiento por razón de su cargo.
La iniciativa retoma principios de la llamada Ley Ingrid, creada tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, que sanciona la difusión de imágenes y datos en procesos penales.
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