El Gobierno de México inició un análisis técnico y jurídico para medir el alcance del nuevo arancel general del 10% anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras un fallo de la Supreme Court of the United States que cuestionó la imposición de tarifas bajo el argumento de emergencia nacional.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que México evaluará primero las medidas concretas que adopte Washington antes de determinar su impacto real en el país. Subrayó que la situación mexicana es distinta a la de las naciones sujetas a los llamados aranceles recíprocos, directamente implicados en la resolución judicial estadounidense.
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Actualmente, el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos están libres de impuestos gracias al T-MEC, el tratado comercial trilateral que blinda sectores estratégicos. No obstante, áreas como la industria automotriz y el sector siderúrgico sí enfrentan cargas arancelarias, al regirse por disposiciones legales distintas dentro del marco estadounidense.
Ebrard adelantó que viajará la próxima semana a Estados Unidos para sostener reuniones con sus contrapartes y precisar si las exportaciones mexicanas permanecerán bajo las reglas actuales o enfrentarán ajustes. Este movimiento ocurre en medio de la revisión del T-MEC, proceso clave que podría redefinir el equilibrio comercial en Norteamérica.
El anuncio de Trump reaviva la tensión en la agenda bilateral y coloca en el centro del debate temas como nearshoring, guerra comercial, cadenas de suministro y estabilidad económica regional.