Con corte a marzo de 2024, en Puebla había más de dos mil 500 cuerpos sin identificar en instalaciones forenses de todo el estado, de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Así lo señala el informe denominado ¿Cómo se ve la crisis forense en Puebla?, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana (Ibero).
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Durante la presentación, coordinadora de Proyectos Académicos del IDHIE y coautora de este informe, Shanik David George advirtió que la situación refleja una “crisis estructural en los servicios periciales y de identificación humana”, caracterizada por la falta de transparencia y una atención institucional que calificó como “deficiente”, lo que ha impedido avanzar al ritmo que exigen las familias buscadoras de personas sin localizar.
La investigadora detalló que, hasta junio de 2025, se informó la ubicación de 224 cuerpos, de los cuales 100 fueron entregados a sus familiares mediante el programa de identificación humana impulsado por la FGE.
No obstante, para diciembre del mismo año, sólo se sumaron 80 identificaciones adicionales y la entrega de 32 cuerpos más, lo que, subrayó, evidencia la lentitud de los procesos de las autoridades ministeriales.
Asimismo, David George señaló que la opacidad en la información impide conocer con precisión cuántas personas permanecen sin identificar en instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la entidad.
A nivel nacional, se estima que la cifra podría superar las 70 mil personas sin identificar; sin embargo, se trata de un dato que no puede verificarse plenamente ante la ausencia de información pública actualizada.
“A veces las respuestas sí están y las autoridades no las quieren dar”, afirmó la especialista, al enfatizar que el acceso a datos oficiales es fundamental, ya que “los datos son la primera puerta que nos dice hacia dónde ver y a dónde buscar”.
En la misma línea, el IDHIE ha advertido que en Puebla existen fallas en distintos niveles del proceso de identificación, desde la atención a familiares hasta la operación técnica de los servicios forenses.
El organismo sostuvo que la Fiscalía debe garantizar condiciones óptimas para la identificación y el acceso efectivo a estos servicios.
Por su parte, Aranzazú Ayala Martínez, coordinadora ejecutiva del medio especializado A dónde van los desaparecidos, señaló que el panorama nacional refleja a un Estado rebasado por la magnitud del problema.
“Y no está haciendo lo propio para identificar a las personas desaparecidas que son buscadas por sus familias”, concluyó.
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