Se habla de la sentencia de la Suprema Corte que invalidó la mayor parte de los aranceles que ha impuesto Donald Trump como un hito o parteaguas histórico. Lo es, tanto en términos políticos como económicos, para Estados Unidos y el mundo entero.
Aunque Trump ha respondido con agresividad y aranceles sustitutos, el fallo, con seis votos a favor y tres en contra, acota severamente su margen de maniobra al respecto. Más trascendente aún: es una amonestación y un freno al ejercicio del poder por encima de la Constitución de su país y del régimen de división de poderes que instituye, en el que es el Congreso quien tiene la facultad primaria de establecer aranceles.
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Es una sentencia por demás oportuna, y más aún para México, al igual que para Canadá. Para los bienes que ambos exportamos a Estados Unidos en el marco del TMEC, cerca del 85% del total en nuestro caso, no hay cambio: sigue libre de gravamen, salvo bienes con aranceles sectoriales actualmente activos, como en acero, aluminio, cobre y automóviles. La tarifa para el resto de lo que nos compran –lo que no cumple con reglas de origen del TMEC– baja de 25 a 10 por ciento.
A corto plazo, seguirá la incertidumbre e incluso el caos, pero ya hay una contundente definición contra ese poder discrecional disruptivo que lo alimenta. Esto, a mediano y largo plazo, debe dar pie a más estabilidad y certidumbre.
Incluso hay economistas que piensan que podríamos estar ante el principio del fin de estas guerras comerciales de Trump, una vez que la Corte determinó que se excedió en su capacidad de imponer aranceles por supuestas emergencias. En suma, que no tiene autoridad para ello.
Las alternativas que está anunciando adolecen de serias limitaciones y complicaciones, tanto de implementación como de alcance. Además de que es altamente probable que también acabarán siendo declaradas inconstitucionales por la Corte, como ha hecho ahora con los aranceles basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que representaban alrededor del 75% del valor de las “sanciones” impuestas.
Ahora recurre a una sección de la Ley de Comercio de 1974, diseñada para actuar ante problemas de balanza de pagos propios de otra época. Con ello busca imponer aranceles de 10% al mundo entero. Había manejado esa tasa, luego 15% (el techo posible) y finalmente el 10 por ciento. Además, es temporal: 150 días, prorrogable solo con la venia del Congreso.
Más allá de eso, para aplicar más aranceles, tendrá que usar mecanismos con procesos más lentos, como se hace contra prácticas de dumping, pero con las respectivas investigaciones.
Nuevamente: la capacidad para “doblar” a la contraparte en negociaciones o exigencias –el famoso big stick– fue sensiblemente mermada. Países y empresas están ante un mandatario al que se le ha advertido que no tiene las facultades que creía –o pretendía– tener. Que no puede poner aranceles a capricho, como ocurrió.
Natasha Sarin, presidenta del Budget Lab de la Universidad de Yale, calcula que el arancel promedio efectivo ha cambiado más de 60 veces desde que llegó por segunda vez al Gobierno. Ahora, la Unión Europea pausó la ratificación del tratado recién acordado e India hizo lo mismo con sus negociaciones.
Además de la derrota jurídica, la guerra comercial ha arrojado los resultados opuestos a los objetivos declarados. En vez de más empleos en la industria, el año pasado se perdieron, cuando menos 80 mil.
El Departamento de Comercio acaba de dar las cifras de balanza comercial del cierre de 2025: con los aranceles más elevados en 90 años, se registró el mayor déficit comercial en décadas. Un récord histórico de 1.24 billones de dólares, con aumento de 5% de las importaciones.
Con un 5.8% de aumento en nuestras exportaciones, México se convirtió en el principal proveedor, con un valor récord de 534.8 mil millones de dólares y un aumento de nuestro superávit hasta una marca de 197 mil millones.
Más que el nivel de los aranceles, lo que más afecta a la economía y a las empresas es la incertidumbre ante un poder prácticamente ilimitado y su uso discrecional: dificulta la planeación, lo mismo en estrategias de precios que en la gestión de inventarios o las inversiones. Que se le pongan bridas es una excelente noticia. Mucho más para nosotros, de cara a la revisión del TMEC.
Para la toma de decisiones, tanto de empresas como de países, resulta muy oportuno recuperar ese sabio consejo ante rachas difíciles: no hay mal que dure 100 años. Como ha dicho la Presidenta de México: cabeza fría.
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