La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión abrió un nuevo debate político al no incluir en su texto constitucional un recorte directo al Instituto Nacional Electoral (INE) ni cambios estructurales inmediatos al organismo. Sin embargo, especialistas advierten que los ajustes financieros y administrativos podrían concretarse posteriormente mediante leyes secundarias, donde Morena cuenta con mayoría simple.
Aunque el documento presentado ante la Cámara de Diputados se concentra en modificaciones constitucionales, la mandataria ha reiterado en su decálogo electoral la intención de generar ahorros del 25% en el INE y en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), una medida que, según analistas, podría aplicarse modificando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
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El escenario legislativo se complica debido a que los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han mostrado reservas ante algunos puntos de la iniciativa, particularmente los relacionados con el nuevo modelo de elección de legisladores plurinominales. Sin sus votos, el partido oficialista no alcanza la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución.
En este contexto, la propia presidenta confirmó que existe la posibilidad de impulsar un “Plan B” legislativo, en caso de que la reforma principal no avance en el Congreso.
El proyecto también propone modificar el sistema de resultados electorales al establecer que los cómputos distritales comiencen inmediatamente después de la jornada electoral, aunque no plantea eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Para el académico Gustavo López, del Tecnológico de Monterrey, la estrategia podría buscar reducir la influencia de partidos aliados y fortalecer la posición del partido gobernante en la distribución de diputaciones por representación proporcional.
Además, la iniciativa plantea reducir en 25% el financiamiento público a partidos políticos, medida que, según especialistas, afectaría principalmente a los partidos pequeños, cuya operación depende en gran parte de los recursos públicos.