Este 5 de marzo se cumple un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, un predio ubicado en el ejido La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, que se convirtió en uno de los símbolos más crudos de la crisis de desapariciones en México.
La revelación fue realizada por el colectivo Guerreros Buscadores, quienes documentaron que el terreno —de aproximadamente 10 mil hectáreas— funcionaba como un centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo que inicialmente se denunció como una posible fosa clandestina terminó por destapar un complejo espacio criminal presuntamente utilizado para reclutamiento forzado, entrenamiento y exterminio.
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El impacto del hallazgo fue inmediato. En el lugar se localizaron cientos de prendas de vestir, calzado, mochilas y restos óseos calcinados, evidencias que apuntan a la magnitud de la violencia que pudo haberse ejercido en ese punto del occidente del país.
Sin embargo, la indignación social no sólo surgió por el descubrimiento, sino también por las omisiones en la investigación inicial del predio, denunciado desde septiembre de 2024 por activistas. Estas irregularidades llevaron a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso tras detectar fallas en el procesamiento de la escena.
El caso también alcanzó a autoridades locales. Meses después del hallazgo fue detenido el entonces alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, señalado por presuntos vínculos con el CJNG, lo que intensificó las sospechas de complicidad institucional.
Mientras el Gobierno federal ha descrito el lugar como un “centro de adiestramiento”, colectivos de búsqueda sostienen que la evidencia apunta a un “campo de exterminio”. Para los familiares de desaparecidos, la discusión semántica es secundaria frente a la urgencia de identificar los objetos y restos encontrados.
Activistas del proyecto “Las Prendas Hablan” recuerdan que cada objeto encontrado podría pertenecer a una víctima, y denuncian que a 12 meses del hallazgo no existen avances claros en la identificación de indicios.
Hoy, el Rancho Izaguirre permanece prácticamente abandonado. En la comunidad de La Estanzuela, sus habitantes intentan recuperar la calma, aunque el recuerdo del lugar persiste como una herida abierta en la memoria colectiva y en la búsqueda de justicia para cientos de familias.