Más de mil iniciativas permanecen sin dictaminar en el Legislativo poblano
La crisis de transparencia en el Congreso de Puebla volvió a quedar en evidencia luego de que la diputada de Morena, Graciela Palomares Ramírez, denunció públicamente que el secretario general del Congreso, Leopoldo López de Lara, y el director jurídico, Jesús Juárez Lezama, ocultan información clave a los legisladores y retrasan el trabajo parlamentario.
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La declaración surgió después de que legisladores del PAN y PRI solicitaran la renuncia del secretario general del Poder Legislativo, al señalar que durante seis meses se mantuvo oculta una controversia constitucional presentada por el Gobierno Federal contra el Congreso poblano.
La acusación fue hecha inicialmente por la diputada panista Susana Riestra Piña, quien reveló que tanto la Secretaría General como la Dirección Jurídica del Congreso recibieron desde septiembre de 2025 la notificación del proceso legal, pero la información no fue comunicada a los diputados ni a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
Ante el señalamiento, la legisladora morenista, conocida mediáticamente como Grace Palomares, también expuso que el director jurídico ha generado retrasos sistemáticos en el análisis de iniciativas, lo que impide que diversas propuestas legislativas sean discutidas o dictaminadas.
En redes sociales, la diputada sostuvo que los proyectos de ley dependen del “humor del director jurídico”, situación que calificó como lamentable para el trabajo legislativo, pues frena el avance de propuestas presentadas por distintas bancadas.
La problemática se refleja en cifras oficiales: actualmente mil 280 iniciativas permanecen en trámite, lo que representa 87.6 % de las propuestas presentadas por diputados y por el gobernador Alejandro Armenta. De ese total, alrededor de 600 ya superaron el plazo legal de seis meses para ser dictaminadas, establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El caso tomó mayor relevancia luego de que el 9 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Personales de Puebla invadían atribuciones federales, decisión que dejó al descubierto la falta de comunicación interna dentro del Congreso.
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