Golpe al cobro de piso
El operativo realizado ayer al norte de la capital poblana representa un golpe relevante contra una de las prácticas criminales más dañinas para la economía local: el cobro de piso. La detención de 16 personas, entre ellas un presunto líder identificado como El Topo, no sólo evidencia la capacidad de respuesta de las autoridades cuando existe coordinación interinstitucional, sino también la importancia de la denuncia ciudadana como detonante de la acción policial. La intervención se da después de protestas de locatarios del Mercado Morelos, quienes hicieron visible esta problemática. El decomiso de armas de alto poder y sustancias ilícitas confirma que no se trata de delitos aislados, sino de estructuras delictivas con capacidad operativa. En ese sentido, la captura de estas personas podría debilitar momentáneamente la red de extorsión; no obstante, la experiencia en otros casos indica que estos grupos suelen reconfigurarse con rapidez si no se ataca de raíz su estructura financiera y de control territorial. La erradicación del cobro de piso requiere continuidad, inteligencia operativa y, sobre todo, la construcción de confianza entre ciudadanía y autoridades. Sin ello, cualquier avance corre el riesgo de ser solo temporal. ¿Será?
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Minimizar la violencia
El intento de asalto contra el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, puso en evidencia las tensiones derivadas de la responsabilidad institucional sobre la seguridad de una de las principales vías del estado: la autopista a Veracruz. En este sentido, la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez, se deslindó, minimizó y trasladó la responsabilidad de la agresión en contra del líder político, a pesar del ataque armado que sufrió a la altura de Palmarito Tochapan, junta auxiliar de su municipio, por parte de falsos agentes de la Guardia Nacional a bordo de una patrulla clonada. Aunque jurídicamente la autopista es de competencia federal, políticamente resulta problemático adoptar una postura de desconocimiento total, sobre todo cuando el hecho ocurrió en el entorno inmediato de la demarcación que gobierna. Mientras a nivel estatal se reconocen líneas de investigación sensibles, la hija del presunto huachicolero Antonio Martínez, alias El Tonín, incluso negó la existencia de reportes. El mensaje que queda es preocupante: frente a hechos de inseguridad con posibles implicaciones graves, la prioridad no parece ser esclarecer ni asumir liderazgo, sino administrar el costo político inmediato. ¿Será?
Ocho regidores menos
En cuanto al Plan B de la reforma electoral, el panista Mario Riestra lo plantea en términos de centralización, al considerar que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum invade competencias locales y limita la capacidad de las ciudades para responder a su propia complejidad. Por ejemplo, la capital poblana perdería hasta ocho regidores en el Cabildo municipal, aseguró el dirigente blanquiazul. Por su parte, Xitlalic Ceja, presidenta del PRI en la entidad, señaló que la disminución de regidurías debilita la capacidad de decisión de los municipios. Advirtió que, al reducir estos espacios, los ayuntamientos pierden contrapesos necesarios frente a las mayorías, lo que dificulta la fiscalización y el debate interno. Más que una discusión sobre números, lo que está en juego es el modelo de Gobierno local: uno más compacto y alineado con el centro, o uno más amplio, con mayor diversidad de voces pero también con mayores costos y complejidad operativa. ¿Será?